Chile como asamblea universitaria

Chile como asamblea universitaria

Fui Presidente del Centro de Alumnos durante la “Revolución Pingüina” el 2006 y estudié en la PUCV para las movilizaciones del 2011. Por mi trabajo he seguido de cerca el debate legislativo en los últimos 7 años y hoy –mirando la política nacional- no puedo sino experimentar un intenso “déjà vu”.

Desde hace un par de décadas en nuestros colegios e instituciones de educación superior se ha incubado una forma de hacer política que hoy domina la escena nacional, arriesgando el éxito de la Convención Constitucional en su propósito de lograr acuerdos transversales para tener una Carta Fundamental que nos represente a todos y que permita la legítima disputa programática a través de elecciones periódicas. Este modo de hacer política, bajo diversos disfraces, esconde distintas pulsiones antidemocráticas.
En primer lugar, moraliza el debate. Están los buenos (“ellos”, que con intereses benignos promueven reformas para lograr la “justicia social”) y los malos (“los otros”, que movidos por intereses espurios están condenados a defender un orden social destinado al fracaso). Chile es, en buena hora, una sociedad plural. ¿Qué posibilidades de éxito tiene la Convención si partimos de la mala fe y no aceptamos que “el otro” pueda tener una visión de justicia distinta de la mía? Si no reconocemos la legitimidad del disenso el consenso no es real y sin consenso real no hay democracia.

En segundo término, es obsecuente con la violencia. En la medida que contribuya al propósito de refundar el país está todo permitido. En la universidad escondían a quienes lanzaban “mólotovs”, hoy promueven un indulto a los “presos políticos de la revuelta”, amenazan a la diputada Hoffmann con que “nunca más podrá caminar tranquila” y se niegan a ser explícitos en la condena a la violencia. En democracia se puede tener distintas ideas y promover variados fines, siempre y cuando se excluya la coacción física sobre el prójimo.

En tercer lugar, desconoce que la persona es anterior y superior al Estado y le tiene tirria a la iniciativa privada, negándole aptitud para solucionar problemas públicos. En la universidad cualquier problema pasaba por redactar extensos “petitorios” a Rectoría, muy pocas veces respondiendo a la pregunta de qué podían hacer ellos mismos para solucionar las cosas. Hoy los petitorios son al Estado, por donde pasa la solución a todo, dejando la libertad, la iniciativa privada y los deberes en un tercer plano. Para ellos todo es política: Marx hablaba del “hombre total” y Rousseau del “ciudadano total” que, como apunta Bobbio, no es más que la otra cara, igualmente peligrosa, del Estado total, ciertamente contrario a la democracia liberal.

Finalmente, descreen de la democracia representativa y promueven una de tipo “directa”, “participativa”, “asamblearia” o “bolivariana”, que en algún punto esconde la utopía que todos participemos de todas las decisiones. Esta exigencia no es nueva, ya la planteaba el mismo Rousseau “La soberanía no puede ser representada… El pueblo inglés cree ser libre: está muy equivocado; lo es solamente durante la elección de los parlamentarios; pero tan pronto como son elegidos, vuelve a ser esclavo, no es nada”.

El problema es que este afán, que puede ser noble, en su ejecución produce efectos nocivos: en asambleas eternas, con poquísima participación, voto a mano alzada y funa permanente a quien suscribe una posición políticamente incorrecta. El resultado frecuentemente es la sobrerrepresentación de las minorías radicales organizadas en desmedro de los grupos no politizados que, en general, son la mayoría. 

Nuestra Convención Constitucional corre el riesgo de ser cooptada por la lógica del asambleísmo universitario. ¿No es acaso esto lo que busca el PC cuando llama a “rodear con la movilización de masas el desarrollo de la Convención”? ¿No será lo que buscan diversos académicos-activistas cuando pretenden vincular las decisiones de los convencionales electos a asambleas territoriales que nadie sabe bien cómo funcionarán y probablemente serán cooptadas por quien tenga la capacidad y organización para ello atentando contra la igualdad?

Los ciudadanos debemos informarnos, votar y participar del debate público. Pero debemos tener cuidado con que, so pretexto de mayor democracia, se promuevan formas de participación que, pese a su aparente carácter inofensivo, pueden resultar profundamente antidemocráticas y echar por la borda el propósito de lograr una Constitución para todos y no para una minoría radical y organizada.

Columna publicada en El Mercurio de Valparaíso