Diálogos sociales, ¿reforma con quiénes?
“El gobierno y el mismo Presidente Boric han realizado distintos llamados para colaborar en instancias participativas. Un ejemplo de esto fue el anuncio para delinear la política exterior del país, basado en el caso del Trade for All neozelandés. En la actualidad, se busca hacer lo mismo para definir las reformas al sistema de pensiones, instancia que ya está en curso bajo el rótulo de “diálogos por pensiones dignas”. Por otra parte, los “diálogos sociales: una reforma con las personas”, que se enmarcaron en la construcción de la reforma tributaria, ya fueron realizados y son parte del proyecto presentado por el gobierno. Estos procesos tienen por objeto que las distintas partes involucradas sean escuchadas y puedan generar consensos, para que así las medidas adoptadas cuenten con legitimidad ciudadana.
La inclusión de mecanismos participativos-deliberativos, pese a ser algo nuevo para Chile en el diseño de políticas públicas, no es algo desconocido a nivel internacional. Asambleas ciudadanas, paneles, jurados, diálogos, concilios ciudadanos, encuestas deliberativas, entre otros, son distintos mecanismos que países de la OCDE han aplicado durante los últimos 20 años.
Estos instrumentos se basan en principios que funcionan como ideales que se aspiran a conseguir, y también como herramientas de evaluación que se pueden cuantificar para observar qué tanto se acerca el mecanismo al ideal deliberativo. Entre estos principios está el de publicidad, que apunta a que la información sobre la estructura de la discusión, del proceso y de la toma de decisiones deba estar disponible para la ciudadanía; la representatividad, que dice relación con que el mecanismo tiene que incluir o graficar la opinión de las personas afectadas por los posibles resultados de la política; y la independencia, que implica que todo el proceso -que va desde la selección de participantes hasta el resultado final- tiene que ser dirigido por un agente imparcial. A estos se pueden sumar otros como el de igualdad o escalabilidad, entre otros.
Por otra parte, la estructura de la deliberación es distinta en cada instrumento. Así, de acuerdo a datos de la OCDE, los paneles ciudadanos -de los que Canadá y Australia son pioneros- comprenden una muestra que varía entre 36 a 60 ciudadanos y que tienen una duración promedio de 4.1 días u 11 días dependiendo si el mecanismo opera durante el transcurso de 5 semanas o de 2 años, respectivamente. En estos hay una etapa donde los participantes se informan, otra donde escuchan a distintos grupos de interés para luego deliberar, y una etapa final donde se genera la propuesta de política pública. En contraste, los diálogos ciudadanos generalmente incluyen una muestra de entre 18 a 499 personas, las que se reúnen por 2.1 días en promedio durante cuatro semanas, con una instancia previa de información de 1.5 horas.
A pesar de la diversidad de los distintos mecanismos, el proceso de selección en todos los casos es aleatorio, lo que en la literatura especializada se denomina como “lotería cívica”. Siguiendo con el ejemplo de los paneles ciudadanos, la lotería funciona de la siguiente manera: primero, se seleccionan 10 mil a 20 mil personas aleatoriamente y se les envía una carta de participación junto con una descripción del evento. Posteriormente, de las personas que aceptan la invitación, se escoge al azar un grupo de entre 36 a 60 personas para participar de la instancia deliberativa, procurando siempre tener una muestra representativa de la población.
Comparando estas instancias participativas con los diálogos de la reforma tributaria que ya terminaron y los diálogos sobre pensiones que siguen en curso, podemos detectar al menos dos problemas de estas últimas; primero, en ellas no hay una descripción transparente en su página web respecto a cómo se llevarán adelante las instancias deliberativas; y también parece ser que es el mismo Ejecutivo -y no un organismo independiente- quien modera los procesos participativos. Estas características atentan contra los principios de publicidad e independencia ya referidos.
Segundo, el mecanismo de selección de participantes es problemático ya que estos no son escogidos aleatoriamente, sino a través de inscripción. Esto genera un sesgo muestral, puesto que las personas que se anotan para participar suelen ser aquellas que de una u otra forma ya están políticamente activas o tienen un interés en los resultados de la deliberación. De esta manera, se invisibiliza la opinión de los ciudadanos comunes que, por lo general, se sienten alejados de la política, tornando el mecanismo de participación en una mera puesta en escena para revestir de aparente legitimidad a las posiciones preconcebidas, afectando el principio de representatividad.
Al mismo tiempo, la falta de un mecanismo aleatorio tiende a subrepresentar a grupos que históricamente han sido excluidos. Incluso, en el peor de los casos, puede llevar a resultados indeseados, como muestra un estudio realizado en Finlandia, en el que los participantes -independiente de su posición política- cuando había migrantes presentes se alejaban de posiciones xenófobas y, cuando no, se acercaban a estas posiciones.
La apertura hacia una democracia verdaderamente participativa exige más que buenas intenciones y eslóganes bonitos. Esta requiere mecanismos que contemplen selección aleatoria de participantes, publicidad, igualdad entre distintas personas, información previa que sea neutral y moderadores idealmente imparciales. Así, si queremos que los cambios sean con las personas -como el presidente planteó en la cuenta pública-, la invitación tiene que ser directa, con mecanismos que cumplan con los estándares internacionales y no esperar que la gente, por algún milagro, quiera ser parte de la política.”
Columna publicada en La Tercera