Lo bueno y lo malo
La reciente encuesta de Calidad de Vida de P!ensa y Caja 18 evidencia aspectos positivos y negativos de nuestra región. Dentro de los primeros, quizás lo más destacable se relaciona con las condiciones higiénicas para la convivencia. Reconociendo el drama que vivimos con el déficit habitacional—que ha devenido en los campamentos más grandes de Chile y en condiciones precarias que han tomado especial notoriedad con los últimos incendios—, la mayoría de los ciudadanos de nuestra zona parecen considerar que las condiciones básicas para la vivienda parecen estar más bien resueltas. Esto es un hecho no menor. A propósito de las recientes crisis vividas por nuestro sistema sanitario—como, por ejemplo, el emblemático caso de ESSAL en el sur y los constantes problemas que enfrenta nuestro ESVAL—, hemos recordado y advertido sobre los significativos avances que se han generado en esta materia en nuestro país. Sin ir más lejos, la Superintendencia de Servicios Sanitarios ha informado recientemente una cobertura de agua potable de un 99% en zonas urbanas concesionadas y una cobertura del 97% en alcantarillados. Esto parece un “desde”, pero está lejos de serlo. En función del trabajo realizado en el último tiempo, la OCDE nos sitúa entre los países más desarrollados en la materia en el mundo, junto con Australia, Singapur y EE. UU.
Lo cierto es que estos importantes avances se notan en el día a día de los ciudadanos. Por lo mismo, resulta comprensible la alta satisfacción que reportan los respondientes respecto a los servicios de agua potable y de alcantarillado, situación que se extiende también a los servicios eléctricos.
Sin embargo, aunque la actividad de los privados en estas áreas reguladas resulta satisfactoria, todo cambia muy drásticamente cuando hablamos de servicios públicos que recaen enteramente en la gestión de las autoridades locales. Esta realidad evidencia un problema más bien de fondo. Los municipios suelen destacar al generar más cercanía y confianza que el resto de las instituciones políticas, pero siguen tremendamente al debe en términos de la gestión que suelen desarrollar.
Al respecto, las cifras son alarmantes: Solo 1 de cada 10 personas evalúa satisfactoriamente los baños públicos (cifra que en Quilpué llega a un 3%). Solo 1 de cada 10 evalúa satisfactoriamente las medidas para evitar animales callejeros (cifra que en Valparaíso llega a un 6%). Solo 1 de cada 10 evalúa satisfactoriamente las medidas adoptadas para evitar los rayados (cifra que en San Felipe bajó de un 15% al 7%). Solo 1 de cada 10 evalúa satisfactoriamente la presencia de baños públicos (cifra que en Concón llega a un 7%). Y así, un suma y sigue.
¿Qué hacer entonces? Pues al menos algo de información hay para desarrollar un plan concreto. Tal como en los últimos años, una vez más el equipamiento urbano se ha transformado en la dimensión peor evaluada de nuestra región, situación que, sorpresivamente, es transversal en absolutamente todas las zonas abarcadas en nuestro estudio. No hablamos de seguridad, conectividad interregional, ni del déficit de viviendas (todos aspectos críticos que merecen otras reflexiones), sino que de aspectos de la ciudad que, precisamente, dependen de las decisiones que sí pueden tomar las autoridades locales. Lo que queda, entonces, es escuchar, parar de acusar abandono (por más que sí lo haya) del gobierno central y tomar decisiones. Tengan certezas de que se notará positivamente en una futura versión de la encuesta.
Columna publicada en El Mercurio de Valparaíso