Molinos de fuego
El pasado incendio de Viña del Mar nos volvió a recordar la fragilidad y el grado de exposición con que muchas familias viven el día a día en el Gran Valparaíso; sin embargo, también nos recordó el fetiche ideológico e infundado que diversas autoridades tienen contra las inmobiliarias. Y es que, al parecer, tener enemigos imaginarios para encauzar ideales resulta más atractivo que tomar decisiones difíciles e impopulares, como resolver la situación de los campamentos en zonas de riesgo.
A pesar de la experiencia acumulada, la situación no ha cambiado mucho en materia de incendios. Por un lado, los campamentos siguen emplazados en zonas de riesgo, mientras sus dirigentes mueren con el sueño incumplido de la vivienda propia. Por el otro, las autoridades locales, en un acto digno de Don Quijote, encarnan en las inmobiliarias los molinos que representaban las injusticias por las que éste luchaba. Y es que, mientras algunos buscan legislar sin pruebas, la gestión contra desastres naturales es una materia sobre la cual pocos han trabajado en profundidad.
Nuevamente, como en todo incendio masivo, ha reflotado la idea de legislar para prohibir la construcción de proyectos inmobiliarios en áreas quemadas. La propuesta llama la atención si consideramos que muchos de los siniestros ocurren en zonas donde no es posible edificar viviendas por tratarse de áreas protegidas, como el reciente incendio que afectó al Jardín Botánico y donde la alcaldesa Ripamonti llamó a “la prohibición de especulación inmobiliaria con bosque nativo arrasados por el fuego”. A ello se suman los casos de algunos campamentos históricos que han tratado de ser erradicados después de estos fenómenos, pero que no han podido ser reemplazados por barrios de viviendas sociales debido a que éstos se emplazan en zonas de riesgo y/o fuera del Plan Regulador Comunal.
Y es que, más allá de teorías infundadas, las acusaciones de diversas autoridades demuestran una preocupante desconexión con las dinámicas de los campamentos. Las imágenes satelitales en el tiempo nos muestran que éstos se erigen en la misma localización después de apagados los incendios. Ello ocurrió en 2011 en Felipe Camiroaga, en 2014 en La Pólvora y en 2017 en Puertas Negras, por mencionar algunos ejemplos. En definitiva, las teorías de autoridades como el Gobernador Mundaca y la alcaldesa Ripamonti pierden sentido cuando consideramos la imposibilidad para construir y el hecho de que estos terrenos siguen tomados después de siniestrados.
Por otro lado, las promesas de gestión contra riesgos naturales es algo que también aflora después de cada evento; sin embargo, al poco tiempo son diluidas, pues los cerros siguen tendiendo a acumular basura, pastizales y campamentos que crecen a una magnitud que rebalsa la capacidad de control. Ello es paradójico, si pensamos que las municipalidades y los gobiernos regionales sí pueden trabajar en resolver estos temas sin tener que cambiar la legislación, además de contar con diagnósticos y canales causales claros en torno al problema de los incendios.
En conclusión, al igual que Don Quijote luchaba contra enemigos imaginarios personificados en molinos de viento, las autoridades locales ya han apuntado a las inmobiliarias como chivo expiatorio ante su incompetencia, siendo éstas las que especulan con teorías sin prueba alguna. Mientras no atiendan a la evidencia y sigan peleando con sus propios molinos será difícil que podamos evitar otra tragedia en el futuro.
Columna publicada en Diario Financiero