Siete macrorregiones para Chile
La redacción de una nueva Constitución nos invita a repensar la forma en que reconfiguraremos el Chile del futuro. La distribución del poder, la administración del Estado y los derechos sociales seguramente se robarán la atención. Sin embargo, no podemos dejar de lado un asunto que percola en la focalización y efectividad de las políticas públicas aplicadas a nivel territorial. Me refiero a la división regional del país.
Diversos expertos han indicado que la creación de nuevas regiones ha llevado a un escenario de fragmentación territorial que no ha hecho más que aumentar el peso específico de la Región Metropolitana en términos de concentración de capitales, empleo y desarrollo, impidiendo que las demás regiones aprovechen su verdadero potencial. De hecho, esto es algo que se ha advertido en prácticamente todas las discusiones constitucionales de nuestra historia.
Probablemente uno de los mayores defectos de nuestra organización territorial dice relación con la heterogeneidad de factores que la sustentan. En efecto, hoy contamos con regiones que fueron creadas en razón de argumentos bastante disímiles, lo cual no sólo denota la falta de una visión territorial a largo plazo, sino que también es cuestionable en la medida en que no existe claridad respecto a los beneficios que se pretenden alcanzar. Y, si bien este diagnóstico es compartido, hasta ahora son pocas las propuestas que han ofrecido una solución concreta.
En la Fundación P!ensa nos hemos aventurado a sugerir una alternativa. Para ello analizamos el territorio nacional en diversas capas -geografía, conectividad, demografía, socioeconomía y economía regional, entre otros-, lo que nos permitió concluir que es posible dividir el país en siete macrorregiones que comparten una serie de elementos que traspasan las barreras político-administrativas actuales. A modo ejemplar, la propuesta agrupa las regiones de O’Higgins, Maule y Ñuble, las cuales presentan similitud a nivel de logros educacionales, ingresos autónomos, grado de ruralidad y concentración de actividades económicas.
Contar con un proceso de regionalización definido mediante una estructura de macrorregiones no sólo permitiría revertir la fragmentación territorial y la disparidad entre la Región Metropolitana y el resto del país; sino que también constituye una herramienta efectiva para catalizar el desarrollo territorial, permitiendo realizar diagnósticos más certeros y diseñar políticas públicas focalizadas en razón de necesidades territoriales compartidas, lo cual repercute en una mejor distribución y eficiencia en el uso de los recursos.
En definitiva, el proceso constituyente representa una oportunidad única para sentar las bases de un nuevo proceso descentralizador, uno que permita que cada territorio sea competitivo y pueda generar oportunidades para sus habitantes. ¿Estaremos dispuestos a aprovecharla y apostar por el desarrollo fuera de Santiago.
Columna publicada en El Líbero