Un acuerdo sensato

Soy de los que cree que Chile tiene una buena Constitución: contribuyó a recuperar nuestra democracia y lograr una transición pacífica; permitió la alternancia en el poder y que gobiernos implementen políticas públicas de distinta orientación; bajo ella, hoy, existe una real separación de poderes y una tutela efectiva de nuestros derechos fundamentales; ha sido una arquitectura institucional que ha permitido un desarrollo económico sin parangón en nuestra historia; promueve que el Estado actúe cuando los ciudadanos lo necesitan; ha sido reformada un sinnúmero de veces, hoy lleva la firma de un expresidente socialista y en el plebiscito del 4 de septiembre, con voto obligatorio, un 62% decidió mantenerla vigente. Si sólo de mí dependiera me quedaría con la actual Constitución.

Lo anterior no me impide ver que muchos chilenos -incluidos varios que votaron rechazo- sí tienen problemas con ella (y eso es inconveniente para todos), que una parte relevante de los promotores del rechazo se comprometieron con una nueva Constitución (y la palabra está para cumplirla) y que nuestro país requiere certeza institucional tanto para crecer como para que la agenda política se concentre en lo urgente (educación, economía y seguridad).

Por eso se requiere solucionar nuestra “discordia constitucional” con una nueva Constitución que una gran mayoría sienta como propia, donde ningún sector político se tome revancha y que permita la implementación de programas de gobierno de distinto signo según soberanamente elijan los chilenos en elecciones periódicas.

El “Acuerdo por Chile”, suscrito el 12 de diciembre, aparece como un esfuerzo sensato en esa dirección dado que se aleja bastante del diseño de lo que fue la fracasada Convención Constitucional, inepta en su misión de superar esta discordia.

En primer lugar, porque no es fruto de la violencia. Esto lo diferencia del “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” que se fraguó al compás de la violencia octubrista, con la complicidad de la izquierda radical, la obsecuencia de la centroizquierda democrática y la negligencia de la centroderecha gobiernista. El de esta semana es fruto de la política, su maduración de casi 100 días es más virtud que defecto y, a veces, el acuerdo entre distintos es más vitalidad democrática que traición (es cosa de ver la crisis en Perú).

En segundo lugar, porque se corrigen varias de las reglas electorales que -en un momento además excepcional-generaron un resultado completamente ajeno a la realidad del país. Se elimina la posibilidad que compitan listas de independientes (que fueron un vehículo para camuflar candidaturas radicales), se establece un sistema electoral de tipo senatorial con 50 escaños (que en la elección genera incentivos a la moderación y en el ejercicio del cargo facilita los acuerdos y la prolijidad del texto) y se disponen escaños supra numerarios (sobre los 50) para los pueblos originarios pero, a diferencia de la Convención, en proporción a los votos efectivamente obtenidos, manteniendo la igualdad ante la ley.

En definitiva, todos los factores apuntan a una Constitución de consenso que requerirá de todos los sectores políticos.

En tercer lugar, se atenúa la “hoja en blanco” y se hace más eficiente el proceso. El Congreso elegirá a 24 expertos que prepararán un anteproyecto entre enero y abril a partir del cual iniciará su trabajo el Consejo Constitucional en mayo. Tanto los expertos como los consejeros deben respetar 12 “bases constitucionales” – que recogen buena parte de nuestra tradición- y habrá un Comité Técnico de Admisibilidad, compuesto por 14 juristas elegidos por el Congreso, que deben arbitrar aquello. Si bien la seguridad de esto nunca será absoluta, parece inequívoco que es mucho mayor que la de la Convención, lo que se suma a que el equilibrio de fuerzas políticas es más probable y, con ello, la materialización de los mecanismos de arbitraje. A su vez, en caso de discrepancias fuertes entre los expertos y los consejeros, los primeros tienen mecanismos para influir en la redacción final de las normas (lógicas parlamentarias de cuórums de insistencia y comisiones mixtas). Finalmente, el Consejo Constitucional entregará su propuesta el 21 de octubre (5 meses de funcionamiento) y el plebiscito, con voto obligatorio, se hará el 26 de noviembre, donde siempre estará la opción de rechazar un texto insatisfactorio. Se trata de un procedimiento breve que cumple, a mi juicio, las expectativas ciudadanas de evitar un gasto excesivo y se hace cargo de un cierto hastío con la materia.

Si bien hay aspectos que considero muy negativos -como a paridad de salida que representa un atentado a la voluntad democrática de las personas- otros negativos -como que los expertos podrían haber tenido más incidencia durante el proceso- y otros mejorables -como que no era necesario un órgano nuevo y bastaba con que el pueblo vote un texto promovido por el Congreso previa propuesta de una comisión designada por éste- el “Acuerdo por Chile” es sensato, da cuenta de la vitalidad de nuestra democracia y puede ser el inicio del fin de esta discordia constitucional.

Columna publicada en El Mercurio de Valparaíso