¿Un nuevo mapa político para Chile?
Desde el año 2017, con la implementación del actual sistema electoral, la gobernabilidad paulatinamente ha comenzado a ser tema de debate. Los defensores del sistema argumentan que este permite una mayor representatividad social y política en la asignación de escaños en el Congreso. Sus críticos, por otro lado, señalan que ha generado problemas de coordinación, lo que consecuentemente dificulta la implementación del programa de gobierno del ejecutivo.
El aumento en el número de partidos políticos que han obtenido representación en el Congreso no se debe solo al cambio al sistema, pero no es menos cierto que este ha influido considerablemente lo que ha dificultando la formación de coaliciones o estancado las negociaciones para la aprobación de proyectos de ley . Y es que, antes de la reforma de 2017 habían 9 partidos políticos representados en el Congreso, mientras que actualmente existen 21, lo que ha incrementado la complejidad en el proceso de toma de decisiones. En este contexto, la Comisión Experta encargada de redactar el anteproyecto de nueva Constitución está discutiendo una norma que exige a los partidos políticos obtener al menos un 5% del total de votos a nivel nacional para que sus candidatos puedan acceder a un escaño en la Cámara de Diputados. Ahora bien, y sin perjuicio de que la implementación de este umbral podría facilitar la formación de coaliciones políticas más estables, esta no es una condición suficiente, especialmente si el sistema de partidos sigue igual de debilitado.
En otras palabras, se deben tener en cuenta otras variables que influyen en la capacidad del ejecutivo para avanzar en su programa, como las urgencias de ley o la distribución ideológica del Congreso. En esta línea, la Comisión Experta también está estudiando una norma que elimina los pactos electorales (como Chile Vamos o Apruebo Dignidad). Con esto se podría incentivar a los partidos grandes a generar trabajo de base y fomentar una mayor participación de la ciudadanía. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto puede traer repercusiones negativas en la representatividad, lo que deberá ser considerado cuidadosamente durante su discusión.
Estamos frente a una buena oportunidad de reparar los problemas del sistema político, sin embargo, cualquier cambio debe evaluarse cuidadosamente para evitar impactos indeseados. Así y todo, vale la pena rescatar que parece haber consenso en que el equilibrio entre representatividad y gobernabilidad es la clave para garantizar un sistema político estable y eficiente.
Columna publicada en La Segunda