Una oportunidad para las regiones
“Un tema que ha tenido poco protagonismo en el debate constitucional es el de la descentralización. La propuesta del Consejo avanza sustantivamente en esta materia, recogiendo una serie de recomendaciones promovidas de manera transversal. Por razones de espacio sólo me referiré a cuatro.
En primer lugar, incorpora una serie de principios sugeridos en 2014 por la Comisión Asesora Presidencial de Descentralización y Desarrollo Regional convocada por la expresidenta Bachelet: solidaridad y equidad territorial, pertinencia territorial, radicación preferente – o “subsidiariedad territorial”-, coordinación y prohibición de tutela.
En segundo lugar, establece un principio de progresividad en virtud del cual la ley de presupuestos deberá incrementar el porcentaje del gasto público ejecutado por los gobiernos subnacionales. Mientras en Chile ese porcentaje asciende a un 15 por ciento, en el resto de países unitarios de la OCDE es de un 30 por ciento en promedio. La propuesta apunta a acortar esa brecha.
En tercer lugar, hay avances relevantes en materia de descentralización administrativa Por un lado, una disposición transitoria mandata al Presidente a presentar un proyecto de ley en los primeros 18 meses para transferir competencias a los gobiernos regionales en materia de fomento productivo, vivienda, turismo e infraestructura. Por otro lado, se amplía el catálogo de competencias que pueden ser traspasadas por el Ejecutivo a las regiones vía decreto supremo, cuestión que hoy la Constitución restringe.
En cuarto lugar, permite a los gobiernos regionales constituir macrozonas para enfrentar desafíos comunes que traspasan los límites de la organización político-administrativa. Se pretende así abordar el problema de la fragmentación territorial que se grafica en la creación de regiones cada vez más impotentes.
Este diagnóstico es compartido por autoridades y académicos de todo el espectro político – véase, por ejemplo, la propuesta de 16 académicos publicada por Horizontal en 2020, o trabajos recientes de Jaime Bassa y Sebastián Soto-. Así y todo, hasta ahora no había existido voluntad política para hacerse cargo.
En definitiva, existiendo razones legítimas para que la ciudadanía se incline por una u otra opción, en materia de descentralización no cabe duda que la propuesta constitucional es una oportunidad de oro para las regiones”.
Columna publicada en La Segunda