Rejas perimetrales son usadas para ofertar ropa y sostener toldos, evidenciando la extensión del fenómeno.
Experto habla de una “postal triste: la ley de la calle prima en las veredas del Legislativo”. El municipio culpa a la misma sede de ese poder del Estado: “Es inexplicable cómo se ha desentendido de la ciudad”.
El aceite hirviendo crepita en una olla bajo un toldo ubicado en la esquina de las avenidas Argentina y Pedro Montt, en Valparaíso. La precaria estructura está apuntalada en las vallas perimetrales del Congreso Nacional y, bajo ella, las venezolanas Débora y Cindy fríen sopaipillas mientras un cliente, arrimado en una silla, come un hot dog aderezado con queso y papas.
“Acá nos va bastante mejor que en otros lados”, comenta la primera, quien lleva tres años en Chile e intentó al principio instalarse al otro costado de la sede del Legislativo, en la plaza O’Higgins. Esta última estuvo cerrada por remodelación durante largos siete años, con una inversión de $9 mil millones, y cuando hace dos años reabrió fue invadida por el comercio ambulante. Débora fue expulsada de allí por un vendedor de empanadas que, dice ella, le enrostró su condición de inmigrante.
Operativos de copamiento policial despejaron la plaza O’Higgins, pero avanzando por el frontis del Congreso las aceras vuelven a bullir de la actividad informal. Por la avenida Pedro Montt predominan los paños desplegados en el pavimento ofertando desde cachureos hasta accesorios para el celular. Prendas de ropa cuelgan, a falta de vitrinas, en las rejas del Legislativo. De nueve vendedores que hablaron con este medio, cinco eran venezolanos y dos, bolivianos.
Por la avenida Argentina, la mercadería es más sofisticada —desde aparatos electrónicos hasta bisutería— y ofertada bajo toldos azules. Una de las vendedoras, Mariana Cuetos, dice que es secretaria del sindicato “Fe y Esperanza”, integrado por 22 socios que cuentan con permisos precarios, lo que el municipio confirma. Los socios también están autorizados a ocupar el pasaje Ross, a un costado de la iglesia de los Siete Apóstoles. Pero allí, en el restorán La Hacienda de Juana Ross, habilitado en lo que otrora fuera un anexo del templo, se quejan de que hay jornadas en que los ambulantes desbordan el pasaje, privándolos de ocupar su terraza y espantando a los clientes.
Una posición crítica expresa Ignacio Aravena, investigador de la Fundación Piensa. “Ofrece una de las postales más tristes de la ciudad al resto del país: la ley de la calle prima en las veredas del Poder Legislativo”, comenta el también fellow en Economía Urbana de la London School of Economics, coautor de un estudio que relacionó el cierre del 13% de locales del plan porteño, como acto del estallido y la pandemia, con el avance del comercio clandestino que ya al año pasado invadía el 25% de los espacios del comercio establecido.
“La alta penetración del comercio informal se debe a que es permitido por las autoridades (…) Desde un punto de vista urbano, e incluso político, es preocupante que se permita el comercio ambulante frente al Congreso”, añade.
El diseñador Boris Kúleba, un crítico por redes sociales del alcalde Jorge Sharp (Territorios en Red), apunta que los permisos precarios crecieron en la actual administración de 21 a 473, que los ambulantes de la calle Condell marcharon en apoyo del edil cuando el Tricel lo suspendió del cargo y que la directora de Desarrollo Comunitario y candidata a alcaldesa promovida por el jefe comunal, Carla Meyer, descartó, en una entrevista televisiva, el “enfoque represivo” para abordar el fenómeno.
Pero el municipio descarta una relación de “clientelismo político” con los vendedores callejeros y las acusaciones de incumplir la Ley 21.426, dictada en 2022 contra el comercio ilegal. Asegura que ya ha dimensionado en 1.800 el número de ambulantes en la comuna y que está concluyendo un estudio para dictar la ordenanza que regulará los espacios en que puedan ejercer su actividad.
“El Congreso debería aportar para que Valparaíso tenga más presencia policial, al menos donde está su edificio. Es inexplicable cómo se ha desentendido”, dice el director municipal de Seguridad Ciudadana, Marcelo Aguilar.
“El Mercurio” consultó la opinión de las presidencias de ambas Cámaras del Congreso Nacional. No respondieron.
Noticia publicada en El Mercurio