Un grave problema de transparencia detectó un estudio realizado por la Fundación Piensa, que analizó el cumplimiento de los municipios con la obligación de informar a la
Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y la Contraloría sobre sus ejercicios contables, gastos y deudas, en el periodo de 2011 a 2021.
La investigación, que estuvo liderada por el Máster en Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, Gonzalo García, reveló también que la pandemia tuvo un fuerte impacto en estas rendiciones de cuentas y establece como principal desafío retomar los niveles de transparencia observados en el periodo previo.
De acuerdo a la legislación, la Unidad de Administración de Finanzas de cada municipio debe informar mensualmente y trimestralmente de sus deudas, desglosadas según las cuentas por pagar, a las que se agrega el registro mensual del gasto municipal. Cada gestión municipal tiene diez días para cumplir esta obligación.
POR COMUNAS
Con un 90,91% de cumplimiento promedio, Limache fue la comuna con mejores indicadores, seguida de Villa Alemana, Cartagena, Los Andes, Panquehue y Quilpué, todas en torno al 80% promedio para los diez años analizados.
El grupo de comunas con cumplimiento medio está liderado por Zapallar (72,73) y aquí se incluye también a Puchuncaví, Concón, Olmué, Puchuncaví, Santo Domingo, Hijuelas, Papudo, La Cruz y Quintero, todas con más de un 60% promedio de apego a la Ley 20.237, que establece la obligación analizada.
Más atrás se ubican Viña del Mar, con un 40% de cumplimiento; Quillota, con menos de 30%, y Valparaíso, que presenta sólo un 4,56% de responsabilidad con la transparencia sobre sus finanzas entre 2011 y 2021.
Reducidas a una nota de página, porque no tenían cifras para ilustrar en un gráfico, se encuentran las comunas que tuvieron cero por ciento de cumplimiento: El Tablo, La Ligua, Putaendo, Rinconada, San Esteban y San Antonio.
TRANSPARENCIA
Desde el punto de vista práctico, explica Gonzalo García, investigador de la Fundación Piensa, la entrega de información oportuna y veraz por parte de los municipios “permite a la ciudadanía saber en qué se están gastando los recursos públicos que provienen de su bolsillo, profundizando la democracia y la rendición de cuentas”.
Explica que para las autoridades de Subdere y Dipres se hace más difícil hacer un seguimiento y control democrático en torno a cómo han evolucionado los gastos y pasivos de estos municipios que llevan una década sin cumplir con la ley.
De no apegarse estas exigencias, explica García, los municipios se arriesgan a que la Dirección de Presupuesto tome algunas medidas, como retener remesas de recursos correspondientes al Fondo Común Municipal, que es la mayor fuente de financiamiento que tiene la mayoría de las comunas.
Tampoco hay demasiadas justificaciones formales a la falta de entrega de la información, asegura el especialista a cargo de la investigación, quien atribuye la amplia diferencia entre municipios a la falta de control interno. “Hay municipalidades con grandes capacidades técnicas y humanas que no cumplen con entregar esta información, mientras que hay otros que con muy pocos recursos y capacidad técnica sí hacen el trabajo de reportarla a la Dipres”.
García explica que para este estudio en particular, se hicieron análisis en torno a la cantidad de computadores, personal profesional y acceso a internet de cada municipio, y ninguno de estos factores fue relevante como para inferir que los municipios que cumplen con la ley tienen ciertas características especiales.
En cambio, sí hubo un impacto profundo en este procedo durante la pandemia. “Por lo tanto, el desafío está en retoma el control de estas tareas administrativas. En tiempos de inseguridades y falta de credibilidad en la política, sería una positiva señal que se retomaran los niveles de 100% de cumplimiento”, explica el investigador de Piensa.
Aquí, recuerda, los alcaldes tienen que ejercer su liderazgo y el interés por querer hacer bien las cosas. “No se explica, por ejemplo, que un municipio como Valparaíso tenga un cumplimiento paupérrimo de solo un 4.55% desde hace más de una década. Y si alguno de los alcaldes indica que desconocía el tema -evidentemente- entonces estamos frente a una cuestión grave”, precisa.
SUGERENCIAS
A raíz de los resultados de cumplimiento, Fundación Piensa propuso una serie de medidas orientadas a promover el control demcorático de los municipios. Una de ellas es generar cambios en la ley 20.237 en torno al rol de la Subdere, facultándola para retener remesas de recursos a los municipios que no cumplan con los informes periódicos.
“Si bien esta facultad existe, queda a discreción de las autoridades de la Subdere su aplicación. Como muestra el análisis de los datos, esta condición no ha sido suficiente para dar espacio al cumplimiento de la ley vigente”, expone en sus conclusiones el trabajo liderado por García.
Otra propuesta es fortalecer el rol del Consejo para la Transparencia en torno a esta ley.