Las recomendaciones están incluidas en “Chile desde sus regiones”, un trabajo efectuado por un grupo de investigadores de la Fundación Piensa.
El caso Convenios dañó la reputación de los gobiernos subnacionales y eso ha generado resistencia a una agenda descentralizadora, sostiene el director de Estudios de la Fundación Piensa (FP), Maximiliano Duarte, coautor y editor del trabajo Chile desde sus regiones. Propuestas para avanzar hacia una descentralización responsable.
El estudio formula 33 recomendaciones organizadas en torno a las dimensiones territorial, política, administrativa, fiscal, de fortalecimiento institucional municipal y de planificación territorial, y fue enviado a los equipos programáticos de los candidatos presidenciales, entre los cuales “la acogida fue tibia”, aunque sus autores esperan que hacia la segunda vuelta se recojan más de sus propuestas.
En cuanto a los planteamientos de los presidenciables en materia de descentralización, el editor del estudio de FP remarca que los programas dicen muy poco. “Se enfocan en control y profesionalización, pero carecen de una verdadera mirada territorial”.
En ese contexto, señala que “Chile tiene más de 4.000 kilómetros de extensión y una de las mayores diversidades climáticas del mundo, pero el 40% de la población vive en una sola cuenca que produce casi la mitad del PIB. Esa anomalía debería estar al centro de cualquier visión de país. Por eso echo de menos un diagnóstico claro y un horizonte de objetivos que enfrenten de verdad tanto el centralismo como la concentración”.
Convenios y leaseback
Sobre el impacto de la entrega directa de fondos públicos para proyectos por parte de gobiernos regionales a fundaciones, sin calificación de competencias ni control de resultados, Duarte dice que “se instaló la idea de que autonomía regional equivale a corrupción, y eso frenó de manera evidente la descentralización”.
Como otro punto escandaloso califica las operaciones de leaseback municipal para pagar deudas porque “en teoría, los municipios no pueden endeudarse, pero lo hacen vendiendo inmuebles y luego arrendándolos con opción de recompra, lo que constituye un endeudamiento encubierto”, deudas que se traspasan a futuras administraciones.
Hoja de ruta realista
En la elaboración del trabajo participaron los investigadores de FP Víctor Inostroza, Pedro Maiz, Pedro Fierro, Francisca Undurraga e Ignacio Aravena, así como el director de Estudios de la Fundación.
Señalan que “más que un salto de fe, la descentralización requiere una hoja de ruta realista, que reconozca el valor de los incentivos adecuados, fortalezca las capacidades locales y asegure mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas” para avanzar de modo responsable y sostenible hacia el objetivo de corregir las asimetrías más persistentes del modelo chileno.
Macrorregiones
Los autores son críticos de la reforma constitucional de 2005, que habilitó al Congreso para crear nuevas regiones mediante ley, sin establecer requisitos ni criterios técnicos para ello, por lo cual en muchos casos ello ha respondido “más a presiones políticas que a evaluaciones estratégicas sobre su viabilidad” sostienen.
Aquí proponen avanzar hacia un modelo sustentado en un máximo de ocho macrorregiones, definidas a partir de criterios geográficos, demográficos, socioeconómicos y de vocación productiva, para “superar los problemas de escala, fortalecer la planificación estratégica y generar verdaderos polos de desarrollo”.
Potestad normativa
También observan que uno de los grandes temas ausentes “es el del alcance de la potestad normativa regional, esto es, la posibilidad de que el nivel intermedio cuente con la facultad de establecer normas con carácter permanente”.
Argumentan que “la potestad reglamentaria municipal se ejerce cotidianamente a través de ordenanzas” que regulan los más diversos ámbitos. Y que mientras esta atribución “está completamente normalizada en el ámbito municipal, en el nivel regional sigue siendo prácticamente inexistente”.
Competencias
El estudio menciona el escaso uso del mecanismo de transferencias de competencias por los gobiernos regionales, desde su vigencia en 2019.
Esta situación “no se explica únicamente por desinterés, sino por las altas exigencias técnicas del procedimiento, que requiere estudios detallados sobre impacto financiero, eficacia y eficiencia”.
Por eso proponen fortalecer los medios de apoyo técnico desde el nivel central -en especial a través de la Subdere- para revertir esta tendencia.
“Un obstáculo aún más profundo ha sido la falta de financiamiento asociado a las competencias transferidas. De las 19 atribuciones delegadas hasta la fecha, sólo tres han contado con recursos adicionales”, lo que implica que las regiones deben asumir nuevas funciones sin el respaldo presupuestario necesario, lo que debilita su ejecución y también afecta el cumplimiento de sus tareas regulares”.
En este contexto, plantean los autores, “resulta urgente establecer un principio de suficiencia financiera, que asegure la asignación de recursos mínimos o permita ajustes presupuestarios explícitos como condición para cualquier nuevo traspaso”.
Descentralización fiscal
A diferencia de los avances en las dimensiones política y administrativa, se constata que “la descentralización fiscal en Chile ha sido notoriamente más lenta. Y sin recursos suficientes ni autonomía real para decidir sobre su uso, los gobiernos regionales enfrentan serias restricciones para implementar programas robustos”.
Exponen que buena parte de los fondos regionales -en particular el FNDR, que representa cerca del 70 % de la inversión regional- se asignan en función de indicadores creados en 2007 y modificados por última vez en 2009, y aunque la normativa exige evaluaciones cada dos años, “en la práctica esto no se ha cumplido”.
Frente a esto, proponen actualizar los criterios de asignación con base en evidencia, resultados y necesidades locales, garantizando su transparencia y acceso público. “También sugerimos vincular estos criterios al cumplimiento de metas específicas -como reducción de pobreza o convergencia territorial- y permitir ajustes en las ponderaciones según los resultados obtenidos”.
Empleo público local
Entre las 33 recomendaciones correspondientes a seis dimensiones de la descentralización que contiene este estudio, otras dos apuntan a modernizar y profesionalizar el empleo público local y a regular las corporaciones municipales.
La primera implica “avanzar hacia un régimen basado en funcionarios de planta seleccionados por mérito y reducir progresivamente la contratación a honorarios, asegurando que todas las modalidades se contabilicen en el cálculo del gasto en personal”, expandiendo el sistema de Alta Dirección Pública para profesionalizar y tecnificar e…
[10:41 a. m., 1/9/2025] David Chagay: “se instaló la idea de que autonomía regional equivale a corrupción, y eso frenó de manera evidente la descentralización”. “en teoría, los municipios no pueden endeudarse, pero lo hacen vendiendo inmuebles y luego arrendándolos con opción de recompra, lo que constituye un endeudamiento encubierto”. “se debe exigir la realización de concursos abiertos y definir requisitos objetivos para el ingreso a cargos permanentes en corporaciones municipales, además de incorporar evaluaciones periódicas de desempeño con consecuencias concretas para la renovación o desvinculación del personal”.
Noticia publicada en El Mercurio de Valparaíso