Actores de derecha e izquierda coinciden en que los problemas siguen siendo graves, tanto a nivel estructural como cultural. Presidenciables de oposición interpretan esta fecha desde la violencia que se generó.
A cinco años del estallido social que impactó a Chile en octubre de 2019, el país sigue enfrentando los efectos de aquel levantamiento popular que marcó un antes y un después en la política, las demandas ciudadanas y la agenda pública. Ejemplo de ello es una reciente encuesta de la consultora Black & White que arrojó que un 69% de la población cree que la polarización aumentó tras las movilizaciones.
Sobre ese 18 de octubre y sus implicancias se refieren distintos actores nacionales y regionales, quienes realizan un balance del camino recorrido hasta ahora, trayecto que también suma dos procesos constitucionales fallidos.
Estamos peor
Para el director ejecutivo de la Fundación Piensa, Juan Pablo Rodríguez, el “octubrismo ha envejecido mal y eso es algo que muestran distintos estudios de opinión que dan cuenta de la lejanía que la ciudadanía siente hoy respecto de ese momento”. A su juicio, “la anomia, la falta de adhesión a las reglas promovida por un sector político se expresa y tiene consecuencias hasta el día de hoy en nuestras ciudades, tanto en las incivilidades que se ven como en una penetración del narco que no conocíamos”.
Esto se refleja, remarcó, en un “magro desempeño económico y la expansión del crimen organizado, que hacen que hoy las expectativas ciudadanas estén más insatisfechas que hace cinco años”. Por otro lado, tiene claro que los distintos casos de corrupción que han salido a la luz en el último tiempo “refuerzan la noción de injusticia y desconfianza institucional”, aunque también es consciente de que “el malestar actual tiene que ver con la inseguridad y falta de oportunidades”.
La idea de que el país está peor que hace cinco años también la comparte el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien sostuvo que “para nadie es un misterio que la situación económica y social del país no es mejor que hace cinco años y diría incluso que es peor”. Pero también sabe que “la crisis institucional es mucho más profunda, sobre todo porque la legitimidad del Poder Judicial está completamente deteriorada”, añadió, considerando los últimos casos conocidos por la opinión pública.
A partir de ahí, Sharp cuenta que percibe “una ciudadanía cansada de los escándalos, preocupada por los problemas que no se resuelven y desafectada de la actividad política”.
“En contextos así es donde la inseguridad, la corrupción, la delincuencia, los fraudes y colusiones ganan espacio y se terminan imponiendo a la democracia”, remarcó el jefe comunal porteño, dejando en claro que “de verdad estamos en una crisis política y de las instituciones de las que nos puede costar salir si es que no enfrentamos sus causas”.
Se ha avanzado
Más que un balance de si fue bueno o malo o de si se sacó algo en limpio en todo este tiempo, a la diputada Camila Rojas (Frente Amplio) le interesa “que el análisis se realice en razón de que no vuelva a suceder ni un estallido social ni una violación masiva de derechos humanos”.
Si bien asume, luego de dos fracasos constitucionales -uno liderado por la izquierda y otro por la derecha- “que no fuimos capaces de dar a entender por qué era necesario un cambio constitucional para poder responder de mejor manera a las demandas sociales”, tiene confianza en que, como gobierno y oficialismo, “sí se ha podido avanzar en esas demandas”.
Hoy día, según comentó, “tenemos un Congreso más ágil y más conectado con el sentir de las personas, cuando antes del estallido la política estaba bastante más alejada de la realidad ciudadana”. También valora que “hoy día se ha avanzado en salud, en vivienda y en trabajo, y seguimos trabajando en educación y pensiones”, aunque lamenta que “ha sido un camino más largo que si hubiésemos tenido una Constitución distinta”.
Para la legisladora, el gran aprendizaje posestallido “es que la política debe servir y debe servirle a las personas”.
Exconvencionales
Una primera frustración ante las expectativas de canalizar institucionalmente el estallido se experimentó en septiembre del 2022, con el amplio rechazo de la propuesta constitucional realizada por la Convención, de mayoría de izquierda. El proceso partió con alta legitimidad ciudadana, pero en el camino se fue enredando entre la polarización, propuestas refundacionales y falta de acuerdo entre otros sectores que no fueron representados por la mayoría absoluta del órgano y el texto que lideraron.
Los exconvencionales Jaime Bassa (Frente Amplio) y Raúl Celis (RN) fueron figuras clave de sus sectores en ese primer proceso constitucional y hoy analizan de forma crítica la realidad del país a cinco años del estallido social y cómo han evolucionado tanto las demandas como el escenario político.
Bassa cree que, pese a múltiples protestas pidiendo transformaciones estructurales en áreas fundamentales, “las élites respondieron con reformas superficiales sin abordar los cambios estructurales que la sociedad exigía”. “A cinco años del estallido, esas demandas sociales siguen esperando una solución efectiva”, indicó, criticando, de paso, la “mercantilización de la vida a través de ámbitos sociales tan importantes como salud, educación o pensiones, que siguen esperando una solución que nos permita mejorar las condiciones de convivencia democrática y fortalecer las instancias de construcción de ciudadanía”.
En base a su interpretación positiva de la revuelta social de octubre, Bassa sigue confiado en que fue “una demostración de que el pueblo tiene la capacidad de organizarse para identificar los aspectos del orden social que deben y pueden ser reformados”. Pero, al contrario, lo que ha visto son unos “sectores conservadores del país, que no sólo son de derecha, que han reinterpretado el estallido, presentándolo como si sólo se hubiese tratado de una expresión de violencia callejera”.
Por su parte, el exconvencional Raúl Celis reconoce en el estallido la conjugación de dos elementos: “Un malestar social extendido y una ola de violencia cuyo origen no ha podido ser determinado y que no tenía demandas concretas”. Dejando de lado esta última idea, considera que los procesos constitucionales fallidos, concebidos como la fórmula para canalizar el malestar social, permitieron que el paciente, que era el país, pasara de la UTI y todos los riesgos de inestabilidad, a una cierta estabilización, pero nada más que eso.
“Los elementos que dieron origen al malestar social subsisten y se mantienen plenamente vigentes”, indicó, problemas que califica como graves y para los que, asegura, “se necesita una serie de cambios muy profundos en nuestra sociedad, desde los valores hasta la familia. Hay un materialismo exacerbado, más las fallas y abusos del sistema”.
Como respuesta y consciente que la salida es larga y abarca más de un gobierno, Celis apunta a “fortalecer las medidas de control y fiscalización, a fortalecer la rendición de cuentas y mecanismos de transparencia institucional, más el fortalecimiento de la participación ciudadana a nivel comunal, regional y nacional a través, por ejemplo, de plebiscitos comunales o iniciativas populares de ley”.
¿Qué cambió?
Por último, los presidenciables más fuertes de la derecha, Evelyn Matthei (Chile Vamos) y José Antonio Kast (Partido Republicano) enmarcan todo lo sucedido desde la seguridad y la crisis delictual que hoy conocemos.
Por último, los presidenciables más fuertes de la derecha, Evelyn Matthei (Chile Vamos) y José Antonio Kast (Partido Republicano) enmarcan todo lo sucedido desde la seguridad y la crisis delictual que hoy conocemos.
“Nos costó mucho volver a ponernos de pie, (…) hoy hemos podido reconstruir y mejorar gran parte de lo que fue destruido”, comentó, poniendo sobre la mesa una inversión comunal de más de $10.000 millones en la recuperación. “Aún nos quedan varios proyectos, lo que da cuenta de la magnitud de la violencia irracional”, comentó.
José Antonio Kast apunta a una interpretación similar, afirmando que “Chile enfrentó uno de los estallidos más violentos de su historia, donde miles de vándalos, apoyados por la izquierda radical, tuvieron secuestradas las plazas y calles de nuestro país, atacando comercios y afectando la vida de millones de personas”.
“¿Y qué cambió en el país?”, se pregunta, convencido de que “Chile es más pobre, violento y está más estancado que antes y los únicos que ganaron con todo esto son los que hoy gobiernan, que se repartieron los cargos del Estado e incumplieron cada una de las promesas populistas que prometieron”.
Noticia publicada en El Mercurio de Valparaíso