A cinco años
A cinco años del 18 de octubre, las masivas protestas y los hechos de violencia vale la pena preguntarse por su efecto en nuestro bienestar. Al menos en Valparaíso, la situación solo parece haber empeorado y no muestra señales de recuperación.
Aislar los efectos del estallido social es una tarea difícil, pues en paralelo tuvimos la peor pandemia en más de cien años, la cual también generó estragos en la salud, economía y el bienestar de la ciudadanía. Es por ello que hace dos años hicimos un censo comercial en la Ciudad Puerto para tratar de entender las dinámicas de su feble desarrollo económico y la relación con las protestas.
Las cifras fueron alarmantes. Un 13% de los locales estaban cerrados y un gran porcentaje de ellos vandalizados de alguna manera. Más aún, calles con alto atractivo comercial y buena accesibilidad presentaban cifras superiores al promedio, teniendo que Pedro Montt, Esmeralda y Condell estaban cerca del 20%.
Motivados por entender estas cifras, encuestamos a más de una centena de locatarios, quienes aludieron a que las protestas violentas fueron uno de los mayores desafíos para continuar operando. A diferencia del COVID-19, que fue la mayor mención, donde simplemente cerraron por un tiempo o evolucionaron hacia el e-commerce, la delincuencia y el estallido social sí impusieron un costo extra a su operación. Un recorrido visual por la ciudad muestra cómo diversos locales tuvieron que invertir en infraestructura de protección y remodelar más de una vez fachadas, lo cual afectó negativamente a sus ingresos. Junto a ello, el menor flujo de gente, tanto por las protestas y los cierres forzados de calle, como también por la delincuencia descontrolada, también afectan negativamente a su operación.
Lamentablemente, a cinco años del estallido social, basta dar una vuelta por la ciudad para ver que estos patrones no han cambiado. El Congreso sigue adornado por toldos azules y el comercio ambulante sigue dificultando el tránsito de las personas, entregando una de las peores postales de la ciudad. Ello decanta en que una cantidad no menor de locales en las avenidas ya mencionadas sigan cerrados, los que han sido reemplazados por el comercio informal, que impone una competencia desleal al no pagar patentes, impuestos ni arriendos, además de tampoco generar empleos para la población.
Por supuesto, los desincentivos generados por la inacción y mala gestión en esta materia solo ha profundizado la situación económica de la ciudad. Esto llegó a tal punto que hasta el alcalde Sharp, quien hiciera campaña a favor de los vendedores ambulantes, ahora acusa al gobierno y pide más carabineros para contener la situación. Y es que la situación no da para más, pues el cierre de locales históricos y el éxodo masivo de empresas a otras comunas solo daña las bases económicas de una ciudad que no puede ofrecer ni bienestar ni seguridad.
En resumen, la situación es preocupante. Como consignó un estudio de Faro UDD, por primera vez en décadas, las generaciones más jóvenes tienen un menor ingreso acumulado que sus mayores. En concreto, esto significa que los nacidos después de 1989 son más pobres que el resto, incluso si tienen más educación, cosa que los autores atribuyen, al menos parcialmente, a la revuelta y al bajo crecimiento como país. Vaya paradoja como estos resultados son opuestos al ethos de las protestas.
Espero que el próximo año en esta fecha la tendencia haya cambiado y no sigamos viviendo con los retazos de la violencia en Valparaíso. La seguridad, la recuperación de espacios y la reactivación económica son ejes vitales para que nuestra ciudad vuelva hacia la senda del desarrollo que alguna vez tuvo.
Columna publicada en El Mercurio de Valparaíso