El experimento

“Muchos economistas en el mundo estamos mirando a Chile como experimento para matar al neoliberalismo que no funciona para el crecimiento y, de seguro, no funciona
para enfrentar las desigualdades”. Así reflexionaba Mariana Mazzucato -economista italoestadounidense gurú del Frente Amplio- en una entrevista realizada por un medio
nacional en octubre del año pasado. Vale la pena recordar estas palabras cuando los indicios sugieren que el experimento no va por muy buen camino. El último episodio: el Estado produciendo y distribuyendo balones de gas cuyo costo unitario promedio es de 117 mil pesos para venderlos en 15 mil. Un sinsentido que ha tratado de ser minimizado bajo la excusa de tratarse de un “plan piloto”, pero que fue anunciado frente a todos los medios en una puesta en escena que incluyó al ministro Jackson repartiendo cilindros rosados con un gorro del mismo color.
“Gas a precio justo”, repetía orgulloso, mientras en paralelo la fallida Convención liderada por su sector proponía una norma de expropiación en la que los afectados obtendrían una indemnización equivalente al “justo precio” del bien expropiado. Las inquietantes excusas de nuestras autoridades respecto a este plan podrían haber
tenido algún sentido si no fuera porque semanas antes de su lanzamiento, el fiscal nacional económico de entonces, Ricardo Riesco, exponía ante la Comisión de Economía
de la Cámara Baja los resultados del último estudio del mercado del gas, recomendando hacer un par de modificaciones a la ley 20.999 para evitar la integración vertical no sujeta a regulación y obtener en el corto plazo una rebaja en el precio del gas. Es decir, bastaba con enviar un proyecto de ley y ponerle urgencia, pero las ganas de figurar fueron más fuertes.
Con todo, en el último tiempo hemos sido testigos de que la ineficiencia del Estado no se limita simplemente a su rol empresarial. Basta con navegar unos minutos por la página de la Dirección de Presupuestos para encontrarnos con cientos de programas que cuentan con “mal desempeño” o “desempeño bajo”. Y qué decir de prestaciones menos complejas que hoy son realizadas en un plazo fuera de toda lógica y que constituyen derechamente ejemplos de falta de servicio, como la entrega de cédulas de identidad o la renovación de licencias de conducir.
Dicho lo anterior, ¿no sería mejor que el Estado agilizara los procesos que tienen a ciudadanos haciendo filas antes de embarcarse en experimentos tan pretenciosos como la superación del modelo? Mazzucato puede seguir esperando, no así la señora Juanita; esa misma que vota contra un gobierno que no resuelve lo más urgente y a cambio promete gas a precio justo para terminar vendiendo humo.