El riesgo del centralismo en la reforma política

El riesgo del centralismo en la reforma política
Crédito Agencia UNO

La reforma al sistema político, actualmente en discusión en la Comisión de Constitución del Senado, enfrentó su primer revés: la semana pasada, senadores del Partido Comunista y del Frente Amplio solicitaron una segunda discusión del proyecto, postergando así su votación en general. Este retraso refleja las tensiones que genera la iniciativa destinada a enfrentar un problema ampliamente reconocido: la fragmentación política, especialmente en la Cámara de Diputados.

Como señaló recientemente el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, nuestro sistema político parece dominado por “partidos pymes”, pequeños grupos personalistas que dificultan la gobernabilidad y convierten cada proyecto legislativo en un “negociado”. Esta fragmentación no solo afecta la eficiencia legislativa, sino que también debilita la capacidad del Congreso para ser un espacio representativo y funcional.

En este contexto, la propuesta de establecer un umbral mínimo de un 5% de votos válidos a nivel nacional para que los partidos accedan a la Cámara de Diputados, surge como una herramienta que podría ayudar a ordenar el sistema político. Sin embargo, también plantea riesgos que deben evaluarse con cuidado, particularmente en términos de representación territorial y cómo podría acentuar el centralismo en Chile.

El diseño del sistema político y sus incentivos electorales son claves para entender estos riesgos. Si los partidos necesitan alcanzar el 5% de los votos a nivel nacional para subsistir, tenderán a concentrar sus esfuerzos en los distritos y regiones más densamente pobladas, donde los votos son más numerosos y, por ende, más “rentables” electoralmente. En Chile, esto significa priorizar regiones como la Metropolitana, Valparaíso y Biobío, que juntas concentran el 65,8% del electorado. Por el contrario, regiones menos pobladas como Aysén y Magallanes apenas representan el 2% de los votos nacionales.

En este escenario, las campañas en zonas menos habitadas podrían ser vistas como una inversión de bajo retorno electoral, lo que podría llevar a los partidos más pequeños a ignorarlas por completo. Incluso los partidos más grandes, con mayores recursos, podrían beneficiarse en estas regiones debido a la falta de competencia real, la ausencia de candidatos sólidos, un debate político limitado y una menor oferta de propuestas concretas.

El resultado sería una profundización del centralismo, una característica histórica del Estado chileno. Las regiones menos habitadas, que ya enfrentan una menor visibilidad en la agenda política nacional, quedarían aún más marginadas. Este tipo de incentivos podría debilitar la conexión entre los representantes y las problemáticas específicas de estas regiones, perpetuando desigualdades regionales que frenan el desarrollo equilibrado del país.

Sin embargo, rechazar los umbrales no es la solución. Los umbrales son una herramienta válida para enfrentar la fragmentación, aunque deben diseñarse con sensibilidad al contexto nacional. Para mitigar estos efectos indeseados, se podrían explorar medidas complementarias, como un financiamiento público que otorgue apoyo adicional a las campañas en regiones extremas, o mecanismos que reconozcan y premien el esfuerzo de los partidos por captar votos en zonas menos pobladas. Estas medidas no buscan asignar un mayor valor a ciertos votos, sino equilibrar las condiciones para que las regiones más aisladas tengan un espacio real en el debate político. Estas estrategias incentivarían a los partidos a competir de manera efectiva en todo el territorio nacional, fortaleciendo la representación política en las regiones más apartadas.

Como advirtió el expresidente Frei, la falta de acuerdos “no solo genera más frustración ciudadana, sino que erosionará aún más la confianza en la democracia y sus instituciones”. Por lo que, de no realizarse una reforma política adecuada, el próximo gobierno enfrentará enormes dificultades para gobernar, sea cual sea su color político

El debate legislativo actual no debe limitarse a resolver la fragmentación como un objetivo aislado. Si queremos un sistema político que aspire a la estabilidad y la gobernabilidad, debemos construir un futuro donde todas las regiones, grandes o pequeñas, tengan un lugar en las decisiones que definirán el rumbo de Chile.

 


Columna publicada en El Dínamo