Fallida negociación por toma

Señor Director,

La fallida negociación en la toma de San Antonio es una pésima noticia para las más de 10 mil personas que la habitan. Sin embargo, desde un inicio muchos advertimos que un modelo basado en cooperativas no entregaba las certezas necesarias para un proyecto de esta magnitud.

El problema iba mucho más allá del precio. Sin un aval externo dispuesto a adquirir el terreno en un solo acto, sin claridad sobre el destino de las familias que no se sumaron a la negociación y sin garantías frente a eventuales incumplimientos de pago, el proyecto carecía de bases sólidas para avanzar.

Pero las malas decisiones no comenzaron hace seis meses, sino en 2023, cuando se dictó la sentencia de desalojo y se esperó hasta febrero de 2025 para negociar. Contrarreloj, el Ejecutivo improvisó una mesa de negociación y apostó por un mecanismo “nuevo”, pese a que experiencias similares en los años 60 fracasaron por la alta morosidad de los beneficiarios. Pretender que 40 cooperativas gestionaran más de 200 hectáreas fue una decisión ideológica que ignoró tanto la historia como los riesgos de depender de hogares sin acceso al sistema financiero ni laboral.

Este fracaso refleja la débil dirección de un gobierno que también carga con la lenta reconstrucción y la falta de liderazgo tras el megaincendio de Viña del Mar, además del bajo cumplimiento del plan de emergencia habitacional en campamentos.

Hoy San Antonio enfrenta un desalojo sin precedentes. Ojalá el Gobierno cuente con un plan de contingencia y deje de insistir en modelos que ya demostraron no funcionar. Que esta vez, al menos, quede una lección aprendida.

Carta publicada en El Mercurio