La crisis penitenciaria: algunas lecciones incómodas
La crisis penitenciaria se ha convertido en uno de los problemas más apremiantes de la actualidad, y el brutal asesinato y decapitación de Vicente González en la cárcel de Concepción demuestran que las falencias del sistema son tan evidentes que resulta imposible seguir ignorándolas. En términos simples, este caso evidencia de forma concreta profundas deficiencias: la falta de control sobre el uso de armas, de vigilancia efectiva en las horas de encierro y la poca consideración de las conductas y múltiples sanciones anteriores del victimario, son urgencias que de haberse puesto en valor podrían haber evitado este terrible homicidio.
El caso se ha tratado de manera aislada. Sin embargo, distintos estudios revelan que se enmarca en un contexto profundamente negativo, donde los organismos públicos no logran cumplir sus principales tareas. En ese sentido, uno de los últimos informes de Espacio Público describe una realidad desalentadora: el incremento sostenido de la población carcelaria en los últimos tres años y el aumento significativo de la prisión preventiva desde 2010, han derivado en una sobrepoblación aproximada de 25% a nivel nacional.
En la región de Valparaíso, la situación ha alcanzado cifras alarmantes, existiendo cuatro recintos penitenciarios que superan el 200%, siendo Limache el más crítico de ellos. Estas cifras reflejan la insostenible presión ejercida sobre el sistema penitenciario, producto de una estrategia de seguridad equivocada, que apostó por la “mano dura” sin evaluar los efectos que esta tendría en las cárceles.
Aunque gran parte de la discusión actual se ha centrado en el problema del hacinamiento y la sobrepoblación —cuestión real e indudablemente importante —, enfrentar la crisis no se reduce simplemente a incrementar el número de plazas como muchos sugieren. La verdadera crisis del sistema penitenciario, de la cual la sobrepoblación es un síntoma, radica en nuestra falta de visión estratégica a largo plazo. Esta debe ir más allá de propuestas punitivas, centrándose en reducir de manera efectiva la comisión de nuevos delitos y abordando de forma responsable fenómenos tan complejos como el crimen organizado al interior de las cárceles.
Lamentablemente, las cifras muestran que hemos sido sistemáticamente incapaces de romper los círculos de violencia y, más grave aún, hemos renunciado a una de las funciones más fundamentales de un estado democrático: prevenir la reincidencia. Esta omisión se evidencia en las numerosas muertes por agresiones y suicidios, así como en el 51% de riesgo (alto o muy alto) de reincidencia entre quienes terminan de cumplir condena para 2023, según datos de la AMUCH. Por último, la difícil situación de Gendarmería también es sintomática: las licencias médicas pasaron de cerca de 20.000 en 2012 a más de 60.000 en 2023, lo cual no es un mero detalle administrativo, sino el indicio de un ecosistema agotado.
Son muchas las voces expertas que han elevado la importancia de volver a considerar la cárcel, no como la parte final de un ciclo, sino como el comienzo de muchos otros, bajo una mirada integral de la prevención. Dado este contexto, ¿por qué el debate público sigue girando en torno a propuestas que no buscan resolver los problemas del sistema? La respuesta puede ser un poco incómoda: defender políticas estructurales que, desde una mirada crítica y un conocimiento profundo de la gestión pública, buscan mejorar las condiciones de las personas, es considerablemente más complejo que alimentar el discurso simplista y reactivo de la “mano dura”. Así, el desafío para los tomadores de decisiones es tan urgente como inevitable, exige valentía política y una visión integral de los problemas. Solo a través de ellas podremos superar la compleja crisis penitenciaria en la cual nos encontramos actualmente.
Columna publicada en El Mercurio de Valparaíso