La descentralización que no llegó
Este domingo se realizará la segunda vuelta para elegir a los gobernadores regionales en 11 regiones del país, considerando que las otras cinco ya definieron a sus representantes en primera vuelta. Esta elección marca el cierre del primer ciclo de gestión de estos nuevos líderes regionales, brindándonos la oportunidad de reflexionar sobre el avance de la descentralización desde su implementación.
Impulsar reformas de este tipo siempre ha sido un desafío. Aunque existe consenso sobre la necesidad de promover el desarrollo económico y social mediante una mayor descentralización, el principal dilema radica en el punto de partida. Durante la discusión de la ley que consagró la elección de gobernadores regionales, sus detractores señalaron que no tenía sentido elegir nuevas autoridades sin otorgarles previamente los recursos y competencias necesarios. Pero ¿qué entendían ellos por recursos y atribuciones suficientes? ¿Y por qué no las propusieron como el punto inicial? ¿Será que, tras esas objeciones técnicas, se escondía una intención de retrasar indefinidamente este proceso?
La reforma fue aprobada justamente como respuesta estratégica a estas interrogantes: una vez electos los gobernadores regionales, el cambio sería irreversible, quedando pendiente el avance en los aspectos fiscales y administrativos.
En paralelo, se aprobó otra iniciativa clave —la Ley 21.074— que le daba sentido al camino escogido. Los gobernadores no tendrían que esperar de brazos cruzados a que el ejecutivo impulsara las leyes necesarias para dotarlos de mayores competencias. En cambio, se les habilitó para activar un procedimiento especial que les permite solicitarlas, junto con los recursos necesarios para su ejercicio, aunque con una importante restricción: solo pueden hacerlo durante los dos primeros años de cada período presidencial.
El 11 de marzo se cumplió el plazo para que los gobernadores regionales hicieran uso de esta prerrogativa y los resultados de este primer ciclo son preocupantes: de los 16 gobiernos regionales, solo el de Magallanes solicitó competencias al nivel central. El gobierno, por su parte, intentó transferir cuatro atribuciones a todas las regiones, pero varias las rechazaron. El caso de Valparaíso es particularmente inquietante, ya que de estas cuatro solo aceptó una, quedando por debajo de otras 10 regiones que recibieron un mayor número.
Curiosamente, este aspecto ha estado ausente en los debates electorales, y nadie ha exigido a los candidatos rendir cuentas. ¿Cuáles son las competencias específicas que solicitarán al nivel central a partir de 2026 si resultan electos? ¿Por qué el gobernador Mundaca no solicitó ninguna competencia cuando tuvo la oportunidad de hacerlo? ¿Y qué motivó su oposición a las transferencias que el gobierno sí quiso realizar?
Estas preguntas hoy son más pertinentes que nunca. Los gobernadores regionales no son espectadores del camino hacia la descentralización ni cajas de resonancia que simplemente trasladan lamentos regionales a La Moneda. Tienen un liderazgo que ejercer con hechos, no con palabras. La ciudadanía tiene derecho a preguntarse si la retórica descentralizadora que hoy nos ofrecen los candidatos tendrá un correlato en su gestión. Si no es así, en cuatro años más miraremos en retrospectiva y nos daremos cuenta de que, una vez más, nuestra región solo recogió migajas.
Columna publicada en El Mercurio de Valparaíso