Negligencia

Señor Director:

Resulta alarmante que, según informó la Contraloría General de la República en su CIC Nº19, 35 funcionarios públicos trabajan en contacto directo con menores a pesar de que se encuentran inhabilitados para trabajar con niños, niñas y adoles-centes. Se trata de personas que cometieron delitos sexuales o de violencia grave contra menores y que desempeñan funciones en escuelas, servicios de salud y otras instituciones públicas que incumplieron su obligación legal de verificar el Registro de Inhabilidades antes de su contratación.

No es un hecho aislado: desde 2020 se han detectado 164 casos en más de 70 entidades del país, principalmente municipalidades y Servicios Locales de Educación Pública. Además de la desvinculación inmediata, corresponde una investigación rigurosa para determinar eventuales vulneraciones y exigir las responsabilidades de quienes expusieron negligentemente a miles de menores.

Carta publicada en La Segunda