Poder y espacio
Las acusaciones constitucionales contra tres ministros de la Corte Suprema han reavivado el debate sobre la necesaria reforma al sistema de nombramientos de los jueces. De hecho, si algo ha dejado en evidencia el llamado “Caso Audios”, es la preocupante permeabilidad de nuestra institucionalidad frente al tráfico de influencias, incluyendo a quienes debiesen ser su principal barrera de contención.
En este contexto, uno de los aspectos que merece mayor atención es la concentración geográfica del poder. Basta con analizar la composición de la Corte Suprema para notar una anomalía; de los 14 jueces de carrera que hoy integran el máximo tribunal, 13 fueron jueces de una Corte de Apelaciones en la región Metropolitana al momento de su nombramiento, y de estos, 11 se desempeñaban en la Corte de Apelaciones de Santiago. Este patrón revela una regla implícita en el escalafón judicial: para llegar a la Corte Suprema, es necesario pasar por la capital.
Este fenómeno se explica, en parte, por el hecho de que la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema comparten el mismo edificio. Además, por regla general, los jueces de Santiago son designados como suplentes para componer las salas del máximo tribunal cuando hay problemas de integración. Todo ello facilita que los primeros fortalezcan vínculos tanto con abogados influyentes como con los jueces que deciden las quinas para un eventual ascenso. Naturalmente, esto deja en desventaja a sus pares que trabajan en otras regiones, a pesar de desempeñar funciones idénticas.
Así las cosas, no es tan extraño que un abogado de la plaza, Luis Hermosilla, haya alcanzado el nivel de influencia que se le atribuye. Las dinámicas del poder han funcionado como una fuerza centrípeta, y quien logra penetrar en una parte puede influir en el todo.
Este tipo de patología, por cierto, no se limita al ámbito judicial. El punto es que, para hacerle frente, se requiere tener conciencia del problema. Las instancias de reforma institucional, incluidos los dos procesos constitucionales fallidos, han puesto el acento en la división horizontal del poder, es decir, en órganos situados en un mismo nivel que ejercen funciones de contrapeso. Sin embargo, se ha relegado a un segundo plano la división vertical o territorial, que es esencial para un verdadero equilibrio institucional.
Una reforma efectiva al sistema de nombramiento de los jueces debe hacerse cargo de la dimensión espacial para romper el círculo vicioso que pone en peligro la independencia del sistema. De lo contrario, se corre el riesgo de que en las próximas semanas veamos un anecdótico cambio en el elenco, mientras la película sigue el mismo guion de siempre.
Columna publicada en La Segunda