Presupuesto para la infancia

El problema de la red de protección de la infancia no está en la calidad de su oferta, sino en que no alcanza para todos los niños que la necesitan. Cuando un niño es vulnerado, cada día cuenta: el paso del tiempo vuelve más difícil reparar el daño.

Por eso el Estado debe actuar con celeridad, ya sea con un programa ambulatorio que entregue al grupo familiar mejores herramientas de cuidado y repare el daño en el niño o, en los casos más graves, con su separación del grupo familiar, una medida excepcional para resguardar su integridad cuando el entorno no puede hacerlo. Pero estos programas, cuyo diseño ha demostrado ser adecuado, tienen extensas listas de espera y operan al límite, con profesionales sobrecargados.

Las cifras dimensionan el problema. Según el Diagnóstico de Derechos 2026 de la Defensoría de la Niñez, en 2025 había 41.557 niños, niñas y adolescentes esperando un cupo en el Servicio Nacional de Protección Especializada. Y no es un asunto únicamente administrativo: la Ley N.º 21.430 obliga al Estado a garantizar que los niños ejerzan sus derechos y a destinar las medidas y los recursos necesarios para protegerlos, lo que incluye atención especializada y oportuna cuando han sido vulnerados.

Frente a este escenario, el aumento de recursos para infancia es una señal en la dirección correcta, pues permitirá dotar a estos programas de más herramientas para cumplir mejor sus funciones y llegar a más niños.

La Ley de Presupuestos 2027 contempla un aumento del 6,9% en los recursos para la línea Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, y un incremento de $47.196 millones para la atención ambulatoria, orientado principalmente a reducir las listas de espera.

Con todo, el desafío no termina con la asignación presupuestaria. Para que estos recursos se traduzcan en mejoras concretas, será fundamental asegurar una ejecución eficiente y oportuna, fortalecer la dotación y las condiciones de trabajo de los equipos profesionales, y monitorear permanentemente sus resultados.

Solo así el aumento de recursos podrá traducirse en una reducción efectiva de las listas de espera y, sobre todo, en una restitución oportuna de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que hoy esperan atención

Columna publicada en La Segunda