Seguridad municipal
En la última semana, diversos medios publicaron los resultados de la Encuesta sobre Percepciones Ciudadanas respecto al uso de la fuerza policial realizada por UNAB, en la que el 64% de los participantes expresó estar de acuerdo con que los guardias e inspectores municipales porten armas de fuego. Sin embargo, en muchos reportes se omitió la segunda parte de la pregunta, que indicaba que debían estar “debidamente capacitados para ello”.
Este matiz no es menor, pues introduce un elemento que altera sustancialmente las respuestas. Las personas encuestadas no tendrían por qué conocer los procesos que implica dicha capacitación, la inversión presupuestaria que requiere, los debates legislativos involucrados y, quizás lo más importante, el estado de la discusión sobre el rol de las policías en nuestro país.
Si bien la encuesta es un instrumento válido para medir las preferencias ciudadanas, también es importante considerar que sus resultados podrían estar influenciados por la forma en que se presentan las opciones. En este caso, al incluir la capacitación como condición de base, se da por sentado una serie de factores que hacen que la opción de armar a los inspectores parezca más viable de lo que realmente es.
Si evaluamos el contexto y la factibilidad de la propuesta, resulta poco realista considerar que los inspectores municipales podrían alcanzar, en un futuro cercano, un nivel de entrenamiento en el uso de armas equivalente al de las fuerzas policiales.
Esto se debe a que los requisitos de ingreso y formación son sustancialmente diferentes. La carrera policial de Carabineros, modificada en 2020 bajo el amplio consenso de la necesidad de una mayor preparación, alcanza actualmente cuatro semestres de duración. En contraste, los inspectores acceden a su cargo bajo exigencias significativamente menores, limitándose en la mayoría de los casos al cumplimiento de requisitos legales.
¿Es responsable iniciar la discusión sobre la formación de los funcionarios municipales situando el uso de armas como primer punto? Basta con considerar que recién en 2024 se publicó la ley que autoriza el porte de armas a los aspirantes de Carabineros, siempre que se encuentren en su último año y hayan aprobado todos los cursos de tiro.
Por último, centrar el debate en el porte de armas invisibiliza otras estrategias que impactan en la seguridad sin escalar la fuerza, ajustándose mejor a las capacidades municipales. Tampoco debemos olvidar que aún se tramita el proyecto que modifica la Ley N° 18.695, que busca fortalecer las capacidades municipales en seguridad, y que, bien orientado, podría ser una oportunidad para definir responsablemente estos roles.
Volviendo a los resultados, es comprensible que la percepción de inseguridad lleve a la ciudadanía a respaldar soluciones inmediatas. Pero frente a estas presiones, también corresponde al mundo técnico y a las autoridades ofrecer un marco realista sobre la factibilidad, sostenibilidad y efectos de cada medida.
Columna publicada en El Mercurio de Valparaíso