Toma de San Antonio

Señor Director:

El pasado martes 11 de febrero, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de reposición interpuesto por un grupo de dirigentes de la “megatoma” de San Antonio, en donde solicitaban una prórroga del plazo definido para el desalojo del predio.

De acuerdo con los recurrentes, el desplazamiento de más de 10 mil personas generaría una “crisis humanitaria sin precedentes”, pues las autoridades han admitido que no se encuentran en condiciones de brindarles un alojamiento transitorio, como lo ordenó la justicia.

La inacción de las autoridades resulta preocupante, porque implica que más de 4.000 familias corren el riesgo de terminar sumidas en el desamparo, siendo que el plazo para el desalojo se conoce desde hace más de un año y medio. El problema radica en que, en vez de acometer la elaboración de un plan de emergencia para abordar esta situación, las autoridades de la Delegación Presidencial Regional y del Ministerio de Vivienda han preferido enfrascarse en una pugna para deslindar responsabilidades.

Este lamentable episodio no sorprende viniendo de dos de los principales responsables de la fallida reconstrucción tras el “megaincendio” y cuyo modus operandi se basó en culpas y excusas, pero no en gestionar los problemas. Así las cosas, una vez más pierden los vecinos.

Carta publicada en El Mercurio