Un coro voluntarista

“Develando pulsiones antidemocráticas, Patricia Politzer ha calificado como parte de un “coro catastrofista” a todo el que ose esbozar críticas a la Convención Constitucional (CC) y Jaime Bassa ha amenazado con que si gana el Rechazo “vamos a tener una crisis política y social importante” (en castellano sin eufemismos: violencia).
A pesar de ellos, y su desprecio a la democracia, el “”coro catastrofista”” solo crece. A los escépticos iniciales se han sumado muchos que votaron Apruebo. En el plano político, se ve en grupos como “”Amarillos””, parte relevante de la ex Concertación y toda la derecha que aprobó. En el plano social, diversos sectores han alertado lo nocivo del borrador: radiodifusores, quiosqueros, huasos, dializados, emprendedores, trabajadores agrícolas, apoderados y un largo etcétera.
La CC está fracasando en sus objetivos. Se muestra imposible que el 78% del Apruebo se traspase al plebiscito de salida y la institucionalidad propuesta representa un riesgo para nuestra democracia. Se ha optado por una Constitución de revancha, que más parece un programa de gobierno y que ha excluido al centro y a la derecha.
En los dos pilares de una Constitución -arquitectura institucional y derechos fundamentales- lo ya aprobado permite prever una mala propuesta.
En la arquitectura institucional se abre la puerta al separatismo (plurinacionalidad y autonomías); se discrimina arbitrariamente entre chilenos (a favor de población indígena); se concentra el poder (Congreso sin contrapeso), se intensifica el centralismo (eliminación del Senado) y se adolece de un espíritu refundacional y frenesí creativo que concentrará la agenda en cuestiones de diseño institucional en desmedro de las urgencias sociales. Expuestos a la crítica, los convencionales han insistido en el “”coro catastrofista”” mostrando un voluntarismo inmune a la crítica.
En los derechos fundamentales -que comenzaron a votarse esta semana y es a lo que me referiré en los párrafos siguientes- este verdadero “”coro voluntarista”” está de júbilo.
Festejan al unísono la aprobación del “”Estado social y democrático de derecho”” que pondría fin al “”rol subsidiario”” que obligaría al “”Estado a replegarse””, lo que le impediría avanzar en “”derechos sociales””, los que en la CC se estarían consagrando robustamente.
El estribillo voluntarista es deshonesto, la celebración es desproporcionada y la libertad, sobre todo de la clase media, está fuertemente amenazada.
En primer lugar, el coro voluntarista ha omitido -encuestas y preocupación del expresidente Lagos de por medio- que junto con el “”Estado social de derechos”” -que es una propuesta sensata pero no la panacea- se aprobó la plurinacionalidad. Solo Bolivia y Ecuador se declaran plurinacionales en sus constituciones.
En segundo término, es falso que la subsidiariedad. contemplada implícitamente en la actual Constitución, solo opere en desmedro de la intervención estatal. Su comprensión dual (también puede significar un deber de acción para el Estado) ha sido reconocida por el TC, por lo que las disquisiciones teóricas carecen de sentido práctico y el cambio no producirá ningún giro copernicano. Además, en la dimensión económica del principio, la actual Constitución no impide la actividad empresarial del Estado (solo exige una ley aprobada por el 50% + 1 de los parlamentarios en ejercicio).
En tercer lugar, la misma jurisprudencia enseña que la subsidiariedad no es incompatible con los derechos sociales, se puede invocar contra particulares y es complementaria a la solidaridad o, si se quiere, son dos caras de la misma moneda.
Además, la mentalidad utópica debe contrastarse con la realidad: bajo la arquitectura institucional “subsidiaria” se libraron 7.000.000 de chilenos de la pobreza, se triplicó la clase media y pasamos de la cola del barrio latinoamericano a los puestos de avanzada en casi cualquier indicador.
En cuarto término, el maximalismo generará expectativas imposibles de cumplir. La materialización de los derechos sociales no pasa porque sean consagrados de una manera especialmente detallada en el texto fundamental. Su realización -que requiere desembolsos económicos- dependerá del grado de desarrollo del país, el que a su vez se supedita a condiciones que el proyecto constitucional horada: estabilidad institucional, certeza jurídica, propiedad, responsabilidad fiscal, crecimiento económico, etc. Por ejemplo, Chile reconoce sobriamente el derecho a la salud, Brasil lo hace de manera cinco veces más extensa y Ecuador menciona ¡81 veces! este derecho. Pese a ello, Chile ocupa el lugar 33 en el ranking de sistemas de salud de la OMS (y Brasil el 125) y cuando nuestro país había vacunado a la mitad de su población para el Covid, Ecuador no llegaba al 1%.
En quinto lugar, ha primado una visión estatista que mira con recelo que los privados contribuyan a solucionar problemas públicos y que las personas tengan el derecho de elegir el prestador. Mirando la experiencia del barrio latinoamericano se puede presumir cómo va a funcionar: mientras la clase media – que hoy puede elegir- será obligada a “”bajarse de los patines”” y plegarse a sistemas estatales que “”nivelan hacia abajo””, los más ricos seguirán optando por prestadores privados cada vez más exclusivos, como lo hacen los Kirchner en Argentina cuando se enferman.
Si la CC fracasa es una mala noticia -sobre todo por el tiempo perdido- pero tiene arreglo: Presidente y Congreso tendrán que encontrar una nueva salida, mientras funcionamos con las mismas reglas que las últimas cuatro décadas. Por el contrario, si se consolida el tenor de lo ya votado y entra en vigencia una mala Constitución, será una bomba de tiempo para nuestra democracia y un callejón de muy difícil salida.”
Columna publicada en El Mercurio de Valparaíso