Víctimas de la ambigüedad legislativa
Con las elecciones locales a la vuelta de la esquina y la creciente competencia entre candidatos por erigirse como paladines de la seguridad, una discusión crucial que corre el riesgo de pasar desapercibida es la del proyecto de ley que busca fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad.
El proyecto, que fue aprobado el 15 de mayo en la Cámara de Diputados y que actualmente se debate con suma urgencia en el Senado, se encuentra en un estado de estancamiento. Este punto muerto no se explica por la falta de interés en legislar sobre la materia, ni a faltas formales o deficiencias en su informe financiero, sino más bien se debe un asunto mucho más profundo: la propuesta introduce ambigüedad en la separación de los roles de seguridad y exacerba la falta de regulación que justamente se propone resolver.
Aunque en su título la propuesta pretende acreditar su carácter “preventivo”, introduciendo aspectos positivos en la regulación administrativa de los funcionarios, su artículo 7 designa a los inspectores municipales como coadyuvantes de las policías en la prevención del delito y resguardo de la seguridad pública. Esta disposición, que se enfoca en situaciones específicas como la flagrancia y los casos de violencia intrafamiliar, no difiere de operativos que ya se realizan actualmente, y que se encuentran al límite de la persecución policial, en donde los funcionarios han sido víctimas de atropellos, choques, disparos y, en casos muy lamentables, incluso perdido la vida.
Sumado a lo anterior, si bien la iniciativa designa a los inspectores como coadyuvantes, acto seguido la norma les prohíbe explícitamente realizar actos propios de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, exponiéndolos de forma innecesaria sin la posibilidad de defenderse más allá de la legítima defensa. Esta incongruencia no solo pone en peligro la integridad de los inspectores y de los vecinos, sino que desdibuja los límites entre las funciones municipales y policiales, sin ofrecer una solución real a los problemas de seguridad.
En definitiva, esta ley, en su afán por mostrar acción frente a la crisis de seguridad que enfrentamos, pone en riesgo a personas concretas, con nombre y apellido, que podrían pagar un alto precio por una legislación mal concebida.
Frente a esta problemática, es imperativo reconsiderar el enfoque de la ley, abandonando la pretensión de dejar a los funcionarios municipales en un limbo jurídico, y considerando propuestas de expertos que han sugerido asignarles tareas verdaderamente de bajo riesgo, como el control del tránsito. Alternativas como esta permitirían resolver la ambigüedad, liberando a las Fuerzas de Orden para la persecución del delito y posibilitando una separación clara y efectiva entre instituciones que desempeñan roles sumamente diferentes.
Columna publicada en La Segunda