Voto obligatorio en el aire: dos llaves y poco margen

Como era de esperarse, esta semana el Senado repuso la multa por no votar. El gobierno entró a esa cancha no por iluminación cívica, sino porque estaba contra la pared: si no honraba el acuerdo con la oposición, le paralizarían la agenda legislativa en lo que queda de mandato. El paquete incluyó dos partes: hacer efectiva la sanción que la Constitución ordenó en 2022 y elevar los requisitos para el voto de extranjeros. Pasó por comisiones, luego por la sala y fue despachado a la Cámara.

La multa quedó entre $34 mil y $103 mil (0,5 a 1,5 UTM) y se aplica exclusivamente a ciudadanos chilenos. La reforma constitucional exige diez años de residencia definitiva y continuidad en el país, con ausencias menores a 90 días por año, para que un extranjero pueda votar. Esto último regirá desde 2026.

Con todo, nada está cerrado. Atar la multa a una reforma constitucional sobre el voto migrante enredó algo que debía ser simple. Lo que viene tiene dos llaves y un orden que no se puede alterar: primero, la reforma constitucional; después, la ley de multa. La primera necesita 87 votos y la segunda, 77. Si se invierte la secuencia o se aprueba una sin la otra, el arreglo queda cojo y el Tribunal Constitucional podría intervenir, dejando en la práctica un voto voluntario.

El nudo político en la Cámara es evidente. En 2022, cuando se restituyó el voto obligatorio, sobraron discursos de principios. La semana pasada sobraron los rechazos y silencios. Jaime Mulet (FRVS) pasó de la “convicción absoluta” a votar en contra. Ericka Ñanco (FA), del “piso y no techo”, a no votar. Tomás Lagomarsino (Radical), de “enmendar un error histórico”, también a no votar. Raúl Leiva (PS), de “derechos y obligaciones”, a abstenerse. Principios ayer, cálculo hoy. La oposición tampoco se salva ya que en el primer trámite faltaron diputados que, de haber estado y votado a favor, habrían cerrado el tema. Para rematar, un parlamentario alegó estar pareado. Con quórums fijos no hay empate que valga: o se llega a 87 y 77, o no se llega. Presentar el pareo como excusa es desconocer el oficio o querer que el proyecto fracase. Difícil decidir qué es peor.

A esa inconsistencia se suma el detalle jurídico. La ley de multa sanciona a “ciudadanos”, mientras la Constitución habla de “electores”, categoría que incluye a extranjeros. Con esa contradicción, el TC podría tumbar la norma. De ahí la secuencia: ajustar primero la Constitución -requisitos del voto migrante y corrección del artículo 15- y solo después promulgar la ley orgánica. ¿Es elegante cambiar la Constitución para que calce una ley? No. ¿Evita que todo se caiga? Tal como están las cosas, sí.

¿Por qué cuesta tanto? Porque cambió el incentivo. Según las encuestas con voto voluntario, al oficialismo le va mejor. La encuesta Panel Ciudadano UDD viene mostrando la tendencia. Jeannette Jara cae de 34% entre votantes habituales a 12% entre los obligados. José Antonio Kast sube de 25% a 31%. Evelyn Matthei, de 12% a 17%. Cuando los números dicen eso, las convicciones de 2022 se convierten en ausencias de 2025. Y el gobierno, acorralado por el riesgo de bloqueo, terminó cumpliendo el acuerdo en el Senado.

Estamos a poco más de dos meses de la elección y a días del inicio de la campaña. La Comisión de Venecia lo viene repitiendo desde hace años: mover reglas en plena temporada electoral erosiona la legitimidad. Aquí seguimos al borde del precipicio, discutiendo si el voto será obligatorio de verdad o voluntario disfrazado. Es como cambiar el reglamento en el entretiempo con la pelota en juego.

No estamos discutiendo si el voto obligatorio es deseable o no. Esa discusión terminó en 2022 y se aprobó por amplia mayoría. Lo que se vota ahora es si cumplimos las reglas que nos dimos o si las acomodamos según convenga. El Senado ordenó, el Gobierno llegó tarde, pero cumplió. La Cámara tiene la deuda mayor.

Si la reforma se empantana o la multa vuelve a caer, no quedará en entredicho un artículo suelto, quedará en duda la credibilidad de un Gobierno que no ordena a los suyos y la autoridad de un Congreso que convierte sus propias reformas en letra muerta. Ese es el peor mensaje para una ciudadanía que ya sospecha que, en Chile, las reglas se cumplen cuando conviene

Columna publicada en El Libero