La administración de José Antonio Kast arriba con una agenda proinversión y crítica de la permisología, pero deberá enfrentar una batería de urgencias ambientales que van desde la escasez de agua y la descarbonización hasta los conflictos territoriales y la basura. Académicos, expertos y el mundo productivo de Valparaíso detallan los desafíos a partir de la realidad de nuestra zona .
La hoja de ruta programática que llevó a José Antonio Kast a La Moneda ordena las prioridades del próximo gobierno en torno a tres “emergencias” -seguridad, social y económica-, y es dentro de este último eje donde se ubican las referencias a los desafíos ambientales. El documento oficial, alojado en el Servicio Electoral, plasma su diagnóstico y propuestas en torno a agua, energía y gestión ambiental dentro del marco general de crecimiento y facilitación de inversiones, pero carece de un capítulo dedicado exclusivamente al medioambiente o a la crisis climática, tal como la entienden los expertos en sostenibilidad.
En términos generales, la nueva administración propone impulsar una mayor eficiencia en la tramitación de permisos ambientales -incluyendo la modificación de guías e instructivos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)- con el objetivo de devolver “certeza jurídica a todos los actores”, al tiempo que se fortalece la institucionalidad ambiental para priorizar el cumplimiento y la eficacia regulatoria. Si bien el programa menciona conceptos como hidrógeno verde y crisis hídrica, el uso de términos vinculados a Cambio Climático y biodiversidad resulta marginal y no se estructura un plan de acción concreto con metas y plazos explícitos.
En ese marco, el próximo gobierno enfrentará una agenda ambiental que no depende solo de definiciones ideológicas, sino de restricciones físicas, territoriales y sociales que ya están instaladas. La Región de Valparaíso es un laboratorio avanzado de esas tensiones: escasez hídrica, saturación industrial, transición energética, conflictos territoriales y presión por inversión conviven en un espacio reducido, obligando a decisiones que no admiten soluciones simplistas.
Sistema Kafkiano
Uno de los ejes más complejos del escenario inmediato es la convivencia entre pasivos ambientales acumulados y nuevos procesos de transición productiva. La directora de Ingeniería Civil Ambiental de la Universidad de Playa Ancha (Upla), Gabriela Gallardo, advierte que “uno de los desafíos más relevantes en la región de Valparaíso será la de enfrentar situaciones y/o conflictos socioambientales que se experimentan en la zona como por ejemplo la contaminación atmosférica, de agua y suelo en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví”. A ello se suma “el proceso de transición justa por el cierre de la fundición de Codelco Ventanas, lo cual también deberá ser analizado”. En paralelo, Gallardo señala que “el norte de nuestro país es un polo que puede y debe seguir explorando energías renovables, especialmente aquellas no convencionales, así como también evaluar constantemente los procesos de desalinización tanto para usos industriales, mineros así como para consumo humano”.
Desde su mirada, cualquier modificación al marco regulatorio tendrá impactos directos en territorios frágiles. “La flexibilidad dependerá de dónde sea aplicada (…) Si hablamos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) puede afectar o impactar en la aprobación (o no) de proyectos (…) siempre y cuando la regulación sea modificada y no deje espacio a subjetividades”, explica. Y añade que, en zonas saturadas o latentes por contaminación, “cualquier tipo de flexibilidad dentro de la regulación en materia de medio ambiente podría afectar directamente a la ciudadanía que vive en aquellos territorios”, recordando además que rige el principio de no retroceso ambiental.
Una mirada complementaria proviene de la fundación Piensa. Para su director ejecutivo, Juan Pablo Rodríguez, el problema central no es la existencia de parámetros y resguardos, sino su mala arquitectura institucional. “El principal desafío es cambiar el equilibrio: se requieren estándares exigentes, pero decisiones previsibles y oportunas. La necesaria protección ambiental no puede terminar siendo, por mal diseño institucional, una fábrica de frustración ciudadana, inversión congelada y conflicto permanente”, afirma.
Noticia publicada por El Mercurio de Valparaíso