Encuesta regional de calidad de vida Piensa-18 revela que espacios privados se consideran más seguros que los públicos, cuyo equipamiento es el área peor evaluada del sondeo.
Leves incrementos en la evaluación ciudadana de distintos indicadores de Seguridad Pública en 2024 respecto del año anterior, pero sin alcanzar los niveles de 2022, registra la Encuesta de Calidad de Vida en la Región de Valparaíso de Fundación Piensa y Caja 18, a diferencia de lo que ocurre con Equipamiento Urbano, donde la insatisfacción de los usuarios es prácticamente total, ya que sólo uno de 12 indicadores sube su calificación, aunque en un escuálido punto porcentual.
En ambas dimensiones de calidad de vida, esta evaluación constituye un fuerte reproche de los habitantes de las diez ciudades más grandes de la región -donde se aplica esta encuesta presencial desde 2014-, a las autoridades o jefes de servicios responsables de esas prestaciones, ya que si bien hay comunas que suben sus índices respecto del año anterior, tampoco alcanzan valores sobresalientes.
Así, por ejemplo, el índice regional de evaluación de Seguridad Pública en 2024 es de 285 puntos, en un rango de 0 a 1.000, mayor que los 263 de 2024, pero menor que los 342 de 2022 y mucho más bajo que los 400 registrados el año 2018. En Equipamiento Urbano, en tanto, la cifra de 2024 es de 166 puntos, menor a los 199 del año anterior, a los 205 de 2022 y a los 225 de 2018.
En la primera dimensión, el índice más alto es para Los Andes, con 523 puntos, mientras el más bajo se lo lleva San Antonio, con 215. En la segunda, el mejor valor lo registra Quillota, aunque sólo alcanza 280, en tanto que la peor evaluación es en Quilpué, con 22 puntos.
Algunas tendencias
La casa sigue siendo el espacio más seguro para los encuestados, junto al lugar de trabajo y a los negocios del barrio, en tanto que el lugar de estudios experimentó una brusca caída del 48% de buena evaluación en 2022 al 32% en 2023, y al 25% en 2024. En 2018 este indicador marcaba 68%.
La preocupación por la seguridad también se refleja en la adopción de medidas de resguardo en los barrios. En 2021 el 43% declaraba que había tomado prevenciones, al año siguiente era el 48%, en 2023 llegaba al 63% y en la última encuesta la cifra sube al 66%.
En Equipamiento Urbano todos los indicadores bajan, excepto limpieza de los espacios públicos, que en todo caso aumenta de un exiguo 21% de satisfacción en 2023 al 22% en 2024. La mejor evaluación es para la señalización vial, con sólo 31%, mientras que apenas al 8% le parecen adecuadas las medidas para controlar el comercio ambulante, evitar presencia de animales callejeros y rayados, cifra que cae un punto o se mantiene respecto de 2023.
Lo privado y lo público
Ignacio Aravena, investigador asociado en la Fundación Piensa, cree que la Encuesta de Calidad de Vida en la Región de Valparaíso 2024 muestra una tensión clara entre los espacios privados y públicos.
“Por un lado, se percibe mayor seguridad en la vivienda, el lugar de trabajo y en espacios cerrados como supermercados y centros comerciales. Por otro, lugares como paraderos, terminales de buses y micros, y áreas verdes, son significativamente menos seguros a los ojos de la ciudadanía”, plantea.
Dice que la falta de seguridad en los espacios públicos explica por qué la gente pide medidas como cámaras, mayor dotación de carabineros y vigilancia más frecuente. “Esto coincide con los problemas de seguridad y vacancia comercial que hemos advertido durante años desde la Fundación. Por ejemplo, en nuestro estudio, los locatarios de Valparaíso destacaban la violencia y la inseguridad como dos obstáculos para su operación, algo que también se aprecia en ciudades como Viña del Mar y Quilpué”.
Mayor problema
Para Aravena, aunque algunas comunas han logrado mejoras contra el comercio ilegal, éste sigue siendo uno de los mayores problemas urbanos. Sostiene que “es urgente prestarle atención, porque repercute en la seguridad y comodidad de las calles, así como en la recaudación de tributos que podrían invertirse en elevar el estándar de equipamiento e infraestructura urbana, incluyendo el transporte”, dimensión mal evaluada de manera recurrente.
También afirma que las necesidades de la población “deberían ser una alerta para las autoridades locales”. Expone que mientras los servicios para la vivienda -muchos de ellos concesionados- están bien evaluados, “la falta de gestión para recuperar los espacios públicos se asocia a una administración local feble”.
“Esto no sólo perjudica la calidad de vida en nuestras ciudades, sino también su desarollo,pues los lugares menos habitados se vuelven más propensos a incivilidades, aumentando el problema ya descrito de vacancia comercial y desarrollo económico”, resume.
Movilidad a la baja
Soledad Larraín, magíster en arquitectura sustentable y académica de la escuela de la especialidad en la Universidad de Valparaíso, también remarca que en la encuesta Piensa-18 la evaluación de la esfera personal -como acceso a servicios para la vivienda- es muy superior a la del ámbito público.
Ello en concordancia con lo que detectó Cadem en 2024, en el sentido que “tenemos una percepción algo negativa respecto de las condiciones generales de nuestras ciudades”.
Respecto a que Equipamiento Urbano y Movilidad-Conectividad sean las dimensiones peor evaluadas, que además se vinculan con el espacio público, la arquitecta considera preocupante que la tendencia en la última dimensión sea a la baja, “porque las oportunidades de la ciudad se dan por la capacidad de acceso, y ésta es una de las herramientas de acceso a los servicios urbanos”.
Plantea que esta situación se vincula con la “tendencia estatal generalizada, e inmobiliaria incluso, donde los problemas de vivienda se resuelven aislados de la ciudad”, con esfuerzos enfocados en el edificio o la casa, pero al salir de aquellos aparecen los problemas del estado de calles y veredas, evacuación de aguas lluvias y otros, reveladores de “una visión de la ciudad desde la individualidad y no en su conjunto”.
El costo del deterioro
“Claramente las ciudades en la Región de Valparaíso se han transformado en lugares más inseguros”, sostiene Pilar Lizana, investigadora a cargo del área de seguridad en AthenaLab, periodista y doctora en gobierno y administración pública, y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien relaciona esta situación con el abandono del espacio público.
“Los basureros, las luminarias, los paraderos de micro, son cosas que parecen de aseo y ornato, pero al final si tenemos barrios poco iluminados, si se junta la basura en las calles, si éstas están descuidadas, eso habla de que hay poca presencia de los gobiernos locales, de la comunidad; de que hay abandono del espacio público y eso lo va a tomar cualquier grupo criminal que quiera controlar esa cuadra o ese territorio”, expone la experta, quien estudia el avance del tráfico de drogas y el crimen organizado en Chile desde el año 2013.
Las condiciones que describe, agrega, “no van a cambiar el indicador duro de la seguridad, pero configuran un contexto de deterioro que va a convertirse en oportunidad para los grupos de delincuentes que operen en la zona, porque quiere decir que hay menos vigilancia, más opciones de esconderse, menos autoridades fiscalizadoras”.
Crimen e inseguridad
En otro aspecto, Lizana opina que la caída del lugar de estudios como espacio seguro podría vincularse con un aumento de la violencia escolar, pero particularmente con un deterioro de los sectores donde se ubican los colegios.
Y piensa que la percepción de inseguridad que arroja la encuesta “también está asociada a que a la Región de Valparaíso han llegado grupos criminales organizados, se han producido secuestros y casos no esclarecidos que provocan alerta”.
Otros factores que la explican son en su opinión el aumento de la violencia entre los delincuentes, así como el desplazamiento de los antisociales dentro de las ciudades, lo que hace que la gente deje de sentirse segura en los lugares donde antes sentía que lo estaba.
Noticia publicada en El Mercurio de Valparaíso