Alcaldes advierten que enfrentar la delincuencia requiere respaldo legal, recursos y protección. Remarcan que hoy actúan sin un marco claro.
La tensión en los municipios por su responsabilidad en la seguridad ciudadana volvió a instalarse esta semana, luego de que el reciente Índice de Seguridad Municipal -estudio realizado por la Fundación Piensa- identificara brechas, patrones y desafíos críticos para una gestión local más eficaz en la región.
El escenario se agudizó tras el anuncio de la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, quien informó la implementación de patrullajes preventivos en las inmediaciones de establecimientos educacionales en 44 comunas del país. La medida fue recibida con escepticismo por parte de algunos ediles, que cuestionan el diseño y los recursos involucrados.
Esto, debido a que los resultados del estudio no solo evidencian la realidad que enfrentan muchas comunas del país en materia de seguridad, sino que también respaldan una denuncia sostenida por los gobiernos locales: el constante aumento de responsabilidades en la prevención del delito, sin el correlativo apoyo estatal.
“Nuevamente la seguridad recae en los municipios, que ya operamos al límite de nuestras capacidades técnicas y financieras”, dijo el alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri.
“Este estudio viene a confirmar algo que, como alcaldes, llevamos años advirtiendo: los municipios enfrentamos una sobrecarga institucional permanente. Se nos pide que lideremos la seguridad comunal, que hagamos prevención, coordinación y presencia territorial, pero sin los recursos, herramientas ni marco de atribuciones necesarios para hacerlo. El informe muestra que hay voluntad técnica y capacidad en muchos equipos municipales, pero también evidencia la desigualdad estructural entre comunas y la falta de apoyo estatal sostenido. Esto no puede seguir así”, advirtió.
En el caso de Villa Alemana -ubicada en el noveno lugar entre las doce comunas analizadas en el índice-, el alcalde Nelson Estay también apuntó a la precariedad del apoyo estatal. “Lamentablemente, con los escasos recursos que tenemos hemos tenido que suplir el trabajo que tiene que hacer el Estado, sobre todo después de la vergonzosa renuncia de la seremi de Seguridad Pública, lo que da cuenta de la poca importancia que, en la práctica, el Estado le da a la seguridad en nuestra región”, aseguró.
Por su parte en Viña del Mar, que figura en el séptimo lugar del índice, la alcaldesa Macarena Ripamonti valoró los avances locales, aunque advirtió que aún queda trabajo por hacer. “Son buenos resultados, pero no nos detendremos y seguiremos por ese camino”, sostuvo la jefa comunal, destacando la creación de una sección de Equipos de Respuesta Inmediata, unidades tácticas municipales que refuerzan la seguridad pública en coordinación con Carabineros.
“Estas unidades nos han permitido implementar estrategias basadas en datos reales sobre la criminalidad regional y nacional, logrando avances en detenciones, prevención de incivilidades y decomiso de mercancía del comercio ilegal”, agregó Ripamonti, quien valoró también la dotación de equipamiento y vehículos para los equipos municipales.
Proyecto de ley
En paralelo, el 1 de julio el Senado aprobó por unanimidad -con 47 votos a favor- la idea de legislar el proyecto de Ley de Seguridad Pública Municipal, que busca fortalecer el rol preventivo y colaborativo de los municipios en la prevención del delito, mediante modificaciones a la Ley Orgánica de Municipalidades (N° 18.695) y otros cuerpos legales. El proyecto ahora entra en una etapa clave, con plazo hasta el 17 de julio para presentar indicaciones que ajusten su articulado.
Desde Viña del Mar, Ripamonti enfatizó la necesidad de que el nuevo marco normativo otorgue no solo más atribuciones, sino también mayores resguardos a los funcionarios municipales. “Esta normativa debe permitir que los municipios cuenten con más atribuciones, pero también con mayores resguardos para sus funcionarios. Es clave que atacar o agredir a un inspector municipal implique penas más severas, para que a los delincuentes les resulte más costoso enfrentarse a la autoridad local”, indicó.
En esta misma línea, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, se refirió al debate legislativo. “Hoy las personas nos ven como la primera respuesta ante situaciones de inseguridad, y eso debe ir acompañado de atribuciones estratégicas, aunque limitadas, porque la responsabilidad principal en materia de seguridad pública seguirá estando en manos de las policías”, advirtió.
Reportaje de El Mercurio de Valparaíso