SAN ANTONIO. Los propietarios del predio usurpado sostienen que el Minvu no entregó garantías financieras para la operación. Exigirán el desalojo a la brevedad.
Este miércoles, la delegada del Ministerio de Vivienda para la megatoma de San Antonio, Gloria Maira, y los propietarios del predio usurpado en el cerro Centinela, representados por el abogado Diego Pereira-Fonfach, encabezaron la última reunión de la mesa técnica constituida desde febrero, que buscaba sellar un acuerdo por la compraventa del terreno, mediante un inédito sistema de cooperativas de viviendas.
Sin embargo, pese a las amplias expectativas, ambas partes confirmaron que no se alcanzó un acuerdo, consumando así el fracaso de más de seis meses de negociaciones.
Así lo confirmó en primera instancia la Inmobiliaria San Antonio: “Como es de público conocimiento, nuestro terreno ubicado en el cerro La Virgen de la comuna de San Antonio fue usurpado ilegalmente a partir del 19 de octubre de 2019. Desde entonces nos enfocamos en revertir esta situación con denuncias y procesos judiciales, a pesar de que incluso algunas autoridades locales de la época apoyaron y azuzaron a los usurpadores”.
Junto con recordar que el desalojo ordenado por la Corte Suprema, en abril de 2024, fue aplazado tres veces a petición de las autoridades y que se estableció una mesa técnica con el Ministerio de Vivienda a partir de febrero de este año, la inmobiliaria confirmó que “en el día de hoy, 3 de septiembre, hemos dado por terminada nuestra participación en dicha mesa técnica, tras haberse agotado tanto el plazo de seis meses que se estableció para llegar a acuerdos, así como su extensión hasta hoy, que se acordó el 27 de agosto”.
Acusan nulas garantías
Esta decisión, explicaron, “se adopta considerando que no hay información fidedigna de quiénes serían los compradores, que no existen condiciones para la compra en un solo acto, que no se han presentado antecedentes sobre cuál será la fuente de financiamiento ni cuál será la garantía financiera para esta operación”.
La versión de la Inmobiliaria San Antonio -propiedad de los inversores Esteban Solari y Ricardo Posada- sostiene que, en el marco de las negociaciones con el Gobierno, “hemos reducido el precio del metro cuadrado en varias ocasiones, accediendo finalmente al valor propuesto por el Minvu, que está muy por debajo del valor comercial. Esto, con el objeto de alcanzar un acuerdo, pero no hemos tenido respuesta a las demás variables, que son consustanciales a una venta de terreno”.
De esta forma, tras la caída de las negociaciones, los propietarios del terreno de 260 hectáreas confirmaron que procederán a solicitar el cúmplase definitivo de la orden judicial de desalojo emanada por la Corte de Valparaíso y luego ratificada en la Corte Suprema.
“Lamentamos, una vez más, el abandono estatal, ya que llevamos seis años intentando por diversos medios recuperar nuestro terreno, o en su defecto, llegar a un acuerdo que nos permita recuperar en parte nuestro patrimonio usurpado”, concluyeron.
Viven más de 3 mil niños
La respuesta del Ministerio de Vivienda no se hizo esperar. Desde la cartera subrayan la envergadura del macrocampamento, detallando que en el asentamiento viven 10.251 personas que componen 4.136 hogares. De este universo, 3.146 son niños, niñas y adolescentes (30%); 923 personas adultas mayores (9%); y 649 habitantes tienen algún tipo de discapacidad (6.3%). Asimismo, se expuso que el 65% de la población pertenece al 40% de menores ingresos del Registro Social de Hogares (RSH).
Con estos antecedentes, el ministerio liderado por Carlos Montes apuntó que un desalojo de esta magnitud “podría causar una crisis humanitaria”, razón por la que “el Minvu decidió involucrarse activamente y ayudar a construir una solución, en la cual se plantea que sean las familias del campamento, organizadas en cooperativas cerradas de vivienda, las compradoras del terreno”.
No era sostenible
Sin embargo, reconocen que tras 17 reuniones con los dueños del predio “los resultados no fueron los esperados”.
Los principales obstáculos de la negociación, expusieron, radican “en la tasación del terreno y las posturas adversariales de los representantes de los propietarios (…), quienes han abordado esta operación como ‘una compraventa más'”.
Asimismo, el Minvu expresó que si bien los propietarios tienen pleno derecho a decidir si participan o no en la compraventa, “una real voluntad por llegar a acuerdo en este caso requiere ponderar las especiales circunstancias del caso y evaluarlas en su justa medida”.
A diferencia de lo señalado por los dueños del predio, el Ministerio de Vivienda afirmó que nunca se llegó a un acuerdo por la tasación del terreno. “El valor propuesto por los propietarios se sustenta en informes que no se encuentran técnicamente validados por el Minvu -en su rol de resguardo técnico del proceso-, no es un valor financiable ni tampoco sostenible en el tiempo por las familias”, manifestaron.
En específico, la cartera sostuvo que “el valor ofertado por los propietarios triplica el valor de la tasación encargada por el Minvu, obstaculizando cualquier posibilidad de acuerdo, financiamiento o garantías institucionales”.
La razón del desacuerdo
Una fuente de Gobierno conocedora de las negociaciones cuenta a este Diario que el Minvu propuso a la inmobiliaria un precio de compra de 0,21 UF por metro cuadrado, considerando una tasación realizada por la consultora inmobiliaria Transsa. Sin embargo, los dueños exigían un precio de 0,4 UF por m2, una oferta menor a la planteada inicialmente de 0,58 UF por m2, pero insuficiente para que el BancoEstado asumiera el financiamiento de la operación.
“Ellos no estaban disponibles a hacer esa operación con el precio que estaban fijando los dueños”, detalla la fuente de Gobierno, añadiendo que “lo que realmente ocasionó que se cayera esta mesa fue el tema del precio y, en particular, la intransigencia de los dueños, de que siempre se mantuvieron en un valor comercial”.
Ignacio Aravena, consultor en política urbana e investigador de Fundación Piensa, manifestó que la noticia “es lamentable para las familias que estuvieron seis meses en un proceso de negociación en el que tuvieron que conformar 40 cooperativas, donde pagaron la cuota inicial y después estaban pagando cuotas mensuales”.
El experto cuestiona que “toda la negociación giró en torno al precio, pero acá el problema era otro: el financiamiento. Hoy en día los bancos no le están prestando dinero a las inmobiliarias para comprar terrenos. Entonces, ¿qué iba a pasar con quienes dejasen de pagar, si es que las mismas inmobiliarias no están pagando? Tenía que existir una garantía”.
“Ojalá el Ministerio tenga un plan B y que así esto no sea una crisis humanitaria, porque un desalojo, claramente, afectaría a toda la comuna”, concluyó.
Noticia publicada en El Mercurio de Valparaíso