Informe advierte de un proceso lento y condicionado por el nivel central. Apuntan a Valparaíso entre las regiones más perjudicadas.
El proceso de descentralización en Chile, lejos de consolidarse, enfrenta un “serio riesgo de reversión funcional”, según advierte un reciente informe de la Fundación Piensa. La investigación revela una implementación “lenta, fragmentada y fuertemente condicionada por la voluntad del nivel central”. La Región de Valparaíso, en este escenario, se perfila como una de las más perjudicadas, arriesgando quedarse sin ninguna competencia adicional transferida para el año 2030.
El estudio “Descentralización Administrativa en Chile: Avances, retrocesos y desafíos pendientes” dibuja un panorama desalentador, ya que a pesar de los avances normativos, como la Ley N° 21.074 sobre Fortalecimiento de la Regionalización, la transferencia de poder real desde Santiago a las regiones ha sido más una promesa que una realidad tangible.
En el reporte se analiza “la implementación del proceso de transferencia de competencias desde los ministerios y servicios públicos hacia los gobiernos regionales”. Entre los principales hallazgos, se identificó que “desde 2018 se han transferido 19 competencias a los gobiernos regionales”. De estas, “15 competencias fueron traspasadas durante la administración del expresidente Sebastián Piñera y cuatro durante el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric”.
Sin embargo, el análisis da cuenta de diferencias significativas entre regiones respecto a la aceptación de estas atribuciones. “Mientras Arica y Parinacota, Tarapacá, Ñuble y Magallanes aceptaron todas las propuestas, otras optaron por rechazar la mayoría”, señala el estudio.
Entre ellas está la Región de Valparaíso, que rechazó 3 de las 4 competencias propuestas del Ejecutivo, por lo que únicamente cuenta con 16 competencias transferidas durante todo el periodo estudiado. Este proceso, hasta ahora, “ha seguido una lógica predominantemente de arriba hacia abajo, aunque ahora con una mayor capacidad de las regiones para oponer resistencia”, se plantea.
Problemas de aplicación
Uno de los mayores obstáculos ha sido la falta de apoyo material que acompañe la transferencia de poder a las regiones. Esto, debido a que “de las 19 competencias transferidas, sólo tres han sido acompañadas por recursos adicionales”, se cuestiona, advirtiendo que la “ausencia de financiamiento complementario en la mayoría de las competencias transferidas ha generado múltiples dificultades para su implementación efectiva”.
De hecho, según advierte la Subdere en el Oficio N° 979 de 2025, “el aumento de carga laboral ha interferido con las funciones regulares de diversos gobiernos regionales, generando tensiones operativas y comprometiendo el cumplimiento de sus objetivos institucionales”.
Críticas a mundaca
En un análisis de los resultados, el investigador a cargo del estudio, Maximiliano Duarte, afirmó que al menos “fue una primera etapa decepcionante”, en referencia al proceso de descentralización. Explicó que “lo que faltó no fue tiempo, sino voluntad política real para articular una agenda descentralizadora con objetivos, plazos y coordinación efectiva entre el nivel central y las regiones”, agregando que “lo que vimos fue improvisación”.
El mejor ejemplo de eso, asegura, “es el fallido intento de transferir la presidencia de las Comisiones de Evaluación Ambiental a los gobernadores regionales, a sabiendas de que eso requería una reforma legal”. “Era obvio que la Contraloría lo iba a rechazar”, remarcó.
Y aun así, cuestionó cómo la agenda del gobernador ha estado centrada en temas como seguridad y la presidencia de las comisiones de Evaluación Ambiental, que es una estrategia que, para Duarte, puede tener un efecto político, pero “no sirve para avanzar en lo concreto, ya que ambas son atribuciones que requieren una reforma legal”. “Es decir, depende del Congreso y no del Ejecutivo”, explicó.
En ese sentido, fue enfático en apuntar responsabilidades políticas al menos en el ámbito local. A su juicio, si el proceso ha sido lento en nuestra región es porque “el gobernador de Valparaíso tiene una responsabilidad clara al no solicitar ni una sola competencia en los dos primeros años del periodo presidencial”. “Eso, por sí solo, ya es un dato revelador”, advirtió.
Mientras tanto, criticó que Mundaca haya dejado pasar “una herramienta real y vigente como el procedimiento de traspaso administrativo de competencias en materias como ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social”. “Esa omisión fue un error importante”, remarcó.
Problemas del ejecutivo
Respecto al Ejecutivo y su rol en el proceso, Duarte dijo que “la responsabilidad de este gobierno es muy alta, principalmente por dos razones”. En primer lugar, explicó que fue un gobierno que “prometió mucho y cumplió poco. El Presidente dijo que se iría con menos poder del que llegó, lo que sugería una descentralización ambiciosa, pero hasta hoy, sólo se han transferido cuatro competencias que no son atractivas, tres de las cuales fueron rechazadas por el gobierno regional de esta región”.
“Peor aún”, complementó, “hay 15 competencias que fueron transferidas por un plazo fijo durante el gobierno anterior y expiran pronto, lo que significa que habrá más atribuciones recentralizadas que nuevas. Justo lo contrario a lo prometido”.
En segundo término, Duarte sabe que “el gobierno cargará con una responsabilidad histórica por el caso Convenios, que dinamitó la confianza en el proceso de descentralización en su conjunto”. “Fue el nivel central el que diseñó un sistema de incentivos perversos, donde se consideraba “gasto ejecutado” el simple traspaso de fondos a fundaciones, sin exigir control ni resultados. Naturalmente, los gobiernos regionales empezaron a transferir más para inflar ese indicador”.
Por último, citó otro punto, “igual de grave pero menos visible: las operaciones de leaseback”. Según contó, “las municipalidades no pueden endeudarse, pero lo hacen igual vendiendo sus inmuebles a un banco y arrendándolos de vuelta con opción de compra. Es deuda encubierta para pagar otras deudas, lo cual compromete las finanzas de las futuras administraciones”. “¿Y quién autoriza esto? La Dirección de Presupuestos. Este gobierno ya ha aprobado cuatro de estas operaciones, sentando un precedente preocupante”.
Entrevista publicada en El Mercurio de Valparaíso